Promueven protocolo para prevenir la trata de personas y asistir a las víctimas

Viedma.- En un proyecto de ley, el legislador Alfredo Pega (ACD) promueve desarrollar un Protocolo Interinstitucional de Acciones destinadas a la Prevención, Asistencia y Recuperación de las Personas Víctimas del Delito de Trata.

Dicho Consejo será el organismo responsable de crear una comisión de carácter permanente observadora y de control, a fin de efectuar el seguimiento de su aplicación, y estará conformado por dos representantes del Poder Legislativo, uno por la mayoría y otro por la primer minoría, a designar por la Comisión de Labor Parlamentaria.

El organismo estará integrado, además, por un representante por cada uno de los siguientes ministerios: Gobierno, Educación y Derechos Humanos, Salud, Desarrollo Social, Ministerio Público, y Defensoría del Pueblo. Participarán también las ONGs vinculadas a esta temática, un representante por la secretaría de Derechos Humanos y otro por la de Trabajo.

Serán sus propósitos:

-Establecer bases de actuación para los casos de delito de Trata de Personas.

-Establecer medidas destinadas a la investigación, rescate de las víctimas y asistencia integral de las mismas.

-Garantizar la participación y coordinación de todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales que integran el Consejo Interinstitucional de Trata de Personas, a través de mecanismos y estructuras de cooperación permanentes.

-Establecer dispositivos de asistencia a las víctimas.

-Diseñar y promover acciones de prevención de la trata de personas, en todos los niveles de intervención.

Fundamentos

Al fundamentar su iniciativa, Pega aduce que “la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas, niños y adolescentes es un negocio global que afecta a todas las regiones del planeta”.

“Es una vulneración de los Derechos Humanos que atenta contra la vida, la integridad, la libertad y la dignidad de las personas y tiene un claro componente de género, al ser sus víctimas mayoritariamente mujeres. Además, constituye el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, luego de la venta de armas y drogas”.

El legislador afirma que “cada año cuatro millones de mujeres y niñas son vendidas como esclavas, y la mayoría de ellas son sometidas a las violaciones y vejámenes de la explotación sexual. Anualmente dos millones de niños y niñas -procedentes principalmente de Asia y Europa del este-, son enviados a otros países como “novias a la carta”.

Pega agrega a los argumentos, que “estamos ante uno de los casos mas atroces de violación de los Derechos Humanos, por ello es que actuar en la prevención, la identificación oportuna de vulneración de derechos y la intervención adecuada, es una obligación ineludible que deben asumir los estados, en todos sus niveles, así como es una necesidad y una obligación el involucramiento de toda la ciudadanía”.

Añade que “resulta imprescindible definir los mecanismos de articulación interinstitucionales que propendan a la adecuada asistencia de las víctimas de la trata de personas, optimizando las prestaciones y el cuidado de las mismas”, al tiempo que afirma que “resulta necesario para el completo abordaje de esta problemática, centrarse en tres pilares fundamentales: la prevención y persecución del delito de explotación y trata de personas, así como la protección a sus víctimas”.