Malestar de ATE por recolección de datos sobre afiliación sindical

Viedma.- La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Ministerio de Desarrollo Social está desarrollando de manera “ilegal” una recolección de datos, para la entrega de indumentaria de trabajo. Dijeron que mediante una planilla distribuida por el Departamento de RRHH se demanda a los trabajadores que, entre otros datos, especifiquen “a qué entidad sindical pertenecen y si cuentan o no con fueros sindicales”.

Desde ATE opinaron que esta recolección de datos tiene “fines claramente persecutorios hacia los afiliados y dirigentes de la entidad sindical” y recordaron que “esta situación está prohibida por la Ley 25326, que establece expresamente cuál es el régimen de recolección y protección de datos; con lo que decanta que el modo en que se pretende obtener el dato de la afiliación de los trabajadores es absolutamente ilegal”.

Recordaron que en noviembre de 1996, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que los empleadores no deben acopiar datos personales sobre la afiliación del trabajador a una organización de trabajadores o sobre sus actividades sindicales, salvo si la legislación o los convenios colectivos así lo estipulan o autorizan. En Argentina, las recomendaciones de la OIT son derecho interno, por lo cual el actuar de la provincia está claramente prohibido.

«Desde ATE rechazamos y denunciamos esta maniobra del Ministerio de Desarrollo Social porque es totalmente ilegal y busca perseguir a los afiliados y dirigentes de nuestra entidad sindical», remarcó Aldo Capretti, Secretario Adjunto de ATE Río Negro y agregó: «Es parte de la misma política que busca reprimir la lucha sindical. Hacemos un llamado a todos los trabajadores a no completar esta planilla y rechazar su aplicación».

«Nos preocupa que el Gobierno Provincial avance en esta dirección y esperamos que rápidamente se dé marcha atrás con esta decisión del Ministerio. Desde ATE estamos avanzando en el análisis de una presentación judicial para poner freno a este atropello a nuestros derechos», concluyó Capretti.

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