Permitir que el cambio suceda ● Magdalena Odarda

Una vez más, los fenómenos climáticos nos obligan a reconsiderar las fronteras políticas creadas por los seres humanos. Por eso acompañé la declaración de emergencia que incorpora a nuestra provincia, impulsada por los senadores neuquinos. Incendios, inundaciones, el cauce de un río no reconocen límites artificiales ni diferencian responsabilidades de gestión.
Se sucedieron en nuestro territorio situaciones extremas, más de 500 evacuados, todas las actividades suspendidas, el corte de las principales rutas, personas inmovilizadas fuera de sus hogares, calles anegadas, hogares destruidos, pérdidas irreparables de los sectores productivos, desbordes de canales y la destrucción de la infraestructura provincial.
Agradezco que hayan sido incorporados en esta declaración de emergencia los departamentos que solicité en el recinto. Se trata de Valcheta, San Antonio, 9 de Julio y Avellaneda. También advertí sobre la importancia de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extienda la exención impositiva que declaró para los contribuyentes de las localidades afectadas desde General Roca hasta Barda del Medio, al resto de los contribuyentes de la provincia cubiertos por emergencia.
Son tiempos de admitir que debe ingresar con urgencia en la agenda parlamentaria y social el análisis de los fenómenos climáticos desde una perspectiva que supere la lógica economicista y las divisiones políticas. Existe una fuerza en la naturaleza que nos dio en estos días una nueva y terrible lección de humildad frente a sus movimientos. Las descalificaciones y el menosprecio hacia las legítimas preocupaciones por el agotamiento de un sistema mundial desenfrenado no consiguen opacar realidades lacerantes como las que está viviendo nuestro pueblo, cuyo costo siempre, irremediablemente, pagan los sectores más humildes. En estas ironías del destino, se dio a conocer hace pocos días el último informe del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (IPCC) donde los principales expertos del planeta vuelven a advertir a los decisores políticos sobre el impacto climático en cualquier actividad socioeconómica. En el capítulo Argentina, el IPCC señala como factores preocupantes la deforestación debida a la expansión de la frontera agropecuaria en el norte del país, donde desaparecieron 14.000 km2 de bosques. Asociaron la extensión de las inundaciones a las dinámicas del nivel de agua subterránea, influenciada por las precipitaciones y el cambio en el uso de la tierra, señalaron retroceso de glaciares, nuevas enfermedades de los granos y sequías prolongadas. Tanto la ley de Protección de Bosques Nativos, la ley de Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial, la ley de Gestión de Aguas, la ley de Energías Renovables que obliga a alcanzar el 8% de la generación eléctrica del país, como la propia Ley General del Ambiente, entre otras, son sistemáticamente neutralizadas, desfinanciadas, no se las reglamenta o son judicializadas por el sector privado con la colaboración activa de los funcionarios responsables que atentan contra el interés público y la solidaridad con las futuras generaciones lo que genera las consecuencias señaladas por el informe del IPCC.
Ante este panorama, la respuesta política ha de omitir el insulto (ecoterroristas), la descalificación (hiperambientalistas), la falacia (prometer que se va a reutilizar el agua tras el proceso de extracción de gas no convencional pero evitar decir que jamás volverá a ser potable), sin detallar mentiras descaradas como las que se dijeron en el Senado sobre las bondades de la fractura hidráulica, una técnica de extracción contaminante y agresiva. ¿Por qué todo el esfuerzo se destina a confrontar otros pensamientos? Siempre existe otra posibilidad. Tenemos derecho a crear otro mundo, debemos imaginar aquello que queremos, permitir que suceda, las alternativas realizables son muchas. Y miles de personas que ya no esperan al poder político las están haciendo. Se ha intentado muy poco hasta aquí en el país, ¿cuál sería el alcance si las dirigencias mundiales quisieran amplificar estas opciones que se nos presentan como si fueran las únicas con sus costos y consecuencias irreversibles y que generan rechazo y temor? ¿Destruir el agua para sostener el consumo suntuario en qué sociedades? En definitiva, se trata de la preservación de la vida humana que le pertenece a la tierra, y no viceversa como es costumbre pensar. ¿Existe acaso un desafío más importante? Esta invitación es la que haremos desde la Comisión de Ambiente del Senado de La Nación que integro para buscar soluciones colectivas y asumir un debate olvidado y urgente que la realidad nos está imponiendo.

Magdalena Odarda
Senadora Nacional Río Negro