El árbol que tapa el bosque ● ADN

Ante un gobierno carente de políticas e imposibilitado de generar hechos trascendentes, las rencillas internas cobran mayor dimensión y adquieren categoría de “razón de Estado”.

Martín Soria volvió a cargar contra el gobernador Alberto Weretilneck. Con verba aguda calificó al mandatario de “caradura” y lo definió como una “persona de baja estatura moral y política”, al hacerse públicas en un diario del Alto Valle las declaraciones del mandatario al juez Igoldi. Sorprendió en el gobierno que el matutino accediera a la información judicial y existen fundadas sospechas de quien ofició como “garganta profunda”.

Ante los graves calificativos recibidos resulta casi imposible mantenerse sereno. Weretilneck no responde y entonces será difícil callar tanto al intendente de Roca como a su hermana María Emilia Soria, diputada nacional, que avanzan sin límite frente a la impotencia del elenco gubernamental y colaboradores del gobernador que asumen un pasivo rol de espectadores.

Comentarios de General Roca y de allegados al jefe comunal sostienen que esta situación “agranda” a Martín Soria y que sube su imagen no sólo en su ciudad sino en el resto del Alto Valle.

Corresponde al gobernador ponerle punto final y Weretilneck tiene “la bala de plata”. Cuenta con la información necesaria sobre como se tramitó el pago de los seguros de vida de Carlos Soria y el grado de complicidad de algunos funcionarios, que tras el asesinato del ex gobernador ostentaban el poder necesario para modificar las liquidaciones iniciales del pago de las pólizas del IAPS (de 60.000 pesos a 120.000 pesos) y de Horizonte que llevaron el monto primigenio de 960.000 pesos a 1.240.000 pesos.

Sólo falta la definición final. Es una cuestión de decisión personal y política del gobernador. Mañana será tarde.

Imposible pensar que esta pelea interna en el Frente para la Victoria y en el justicialismo no tendrá consecuencias en el futuro.

Esta situación no es neutra para Miguel Pichetto que observa con atención el litigio que tiene en su provincia.

Pichetto podría ser candidato a vicepresidente primero del Consejo Nacional del Justicialismo, como prenda de unidad de distintos sectores del peronismo, que el próximo 9 de mayo nominarán a las nuevas autoridades del PJ. Un reconocimiento que ubicará al senador por Río Negro en el primer nivel del escenario político del país.

No es conducente para Miguel Pichetto que se sucedan estas pujas internas en su patria chica cuando trabaja para amalgamar detrás de una propuesta de consenso a las provincias gobernadas por el Frente para la Victoria. Incluso trascendidos partidarios indican que el PJ formalizará una amplia convocatoria a toda la dirigencia nacional y a los partidos y agrupaciones afines, para sumarse a la tarea de mantener el gobierno en las elecciones del 2015.

Tanto el gobernador como el intendente de General Roca parecieran estar lejos de esa mirada estratégica y se desvanecen en peleas intestinas que en el fondo podrían ser síntomas de futuros posicionamientos políticos hasta ahora ocultos.

Por otra parte el gobierno sigue con marcha “cansina”. Aún no se sabe si culminó con el proceso de reducir a 170 el número de funcionarios provinciales, si quienes fueron apartados volvieron con cargos encubiertos en la administración pública y fundamentalmente cuál fue el ahorro que le significó al erario público la reducción de cargos políticos y las rebajas salariales al staff oficial.

A la vista de los rionegrinos todo sigue igual y persisten los problemas donde el Estado pareciera ausente y si bien brindan tranquilidad los acuerdos salariales con los gremios estatales, no todo se agota en esta instancia.

El gobierno devuelve una imagen de soledad y hay fragilidad en el cerrojo de protección en torno a Weretilneck. Los asesores equivocan las estrategias y los ministros son superados por las circunstancias y no conducen sus jurisdicciones, salvo poquísimas excepciones.

La presentación judicial del gobernador sobre supuestos dichos de Martín Soria sobre negociados y prácticas corruptas, en temas como hidrocarburos, casinos y el pago de los seguros de vida del ex gobernador Carlos Soria, se convirtió en un dolor de cabeza.

El juez Favio Igoldi arremetió contra el Ejecutivo y empresas del Estado como Horizonte y aún resta bucear en la Lotería de Río Negro, mientras que en el caso de la petrolera Polipetrol, el gerente general de la firma Pablo Piotante, se “sorprendió” y desmintió la denuncia. Jugó a favor de Soria y nadie en el gobierno previó esta jugada para neutralizarla.

¿En el entorno del gobernador, quien o quienes asesoraron en la estrategia post-denuncia? Y además ¿cómo se preserva la gobernabilidad y la figura del mandatario?

Pareciera ser que no se ve la luz al final del túnel y que seguirá la pelea. En esta línea de pensamiento cuesta no vincular las arremetidas de Juan Huentelaf, presidente del Tribunal de Cuentas, quien en oficios de aparente inocencia cuestiona al gobernador y su administración.

Huentelaf fue el primer presidente de Horizonte designado por Carlos Soria y hombre de lealtad a la familia, y en su gestión, junto con el abogado roquense y vicepresidente de la aseguradora, Gustavo Planchart, se iniciaron las tramitaciones del pago de los seguros de vida del ex gobernador, a cuatro días de su fallecimiento.

Ambos compartían casi a diario reuniones con Nicolás Rochas, entonces secretario Legal y Técnico de la gobernación, su segundo, Marcelo Ponzone y Julián Goinhek, ex secretario General de la Gobernación. Conformaban el núcleo duro sorista, que trataban, en aquellos días aciagos, manejar el gobierno y preservar un poder delegado por su jefe muerto a tan sólo 20 días de asumir como gobernador.

El actual presidente del Tribunal de Cuentas pidió hace dos semanas a la Gobernación información sobre los actos administrativos de la contratación de los viajes aéreos del gobernador y en estos días, advirtió a Weretilneck y a todo el gobierno sobre el abuso del legítimo abono y la contratación directa para los pagos y contrataciones en el Estado.

Un año y medio tardó este órgano de control externo para tomar nota de que los vuelos del gobernador se pagan por legítimo abono y se contratan directamente. De igual modo Huentelaf recién ahora advierte que en este gobierno escasean las licitaciones públicas, que los organismos se exceden en las contrataciones directas y que se pagan bienes y servicios por legítimo abono.

Mucho tiempo transcurrió para que un organismo de control externo pudiera detectar procedimientos incorrectos. Claro que meses atrás eran otros momentos de alianzas internas y amistades donde era políticamente correcto “hacer la vista gorda”. Ahora la pelea cambió el escenario y los roles. Sólo habría que revisar los archivos de ADN y otros medios periodísticos para conocer cuantas veces fue denunciada esta práctica de excepción que el gobierno hizo habitual.

Tampoco en su momento Erika Acosta y Juan Huentelaf tomaron conocimientos de las denuncias públicas contra el ex secretario General de la Gobernación de Carlos Soria, Julián Goinhek –con quien se reunían asiduamente- por la contratación de vuelos y gastos de los actos del 25 de Mayo del 2012 en Bariloche, con la presencia de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, investigados por la justicia.

Suena inconsistente y amañado al enfrentamiento de Martín Soria con Weretilneck, que ahora el Tribunal de Cuentas alerte que el legítimo abono y la contratación directa significan “un apartamiento de las normas, controles y garantías establecidas para la ejecución de contratos y la recepción de bienes o servicios, como así también de las normas de administración financiera relacionadas con la ejecución presupuestaria”.

Todo está teñido por la pelea. Y de esto también se habrá percatado el Contador General de la provincia Juan Domingo Kohon y el Fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, principales responsables del “apartamiento de las normas” que cuestionan Juan Huentelaf y Erika Acosta.

Si la administración Weretilneck abusa de mecanismos de excepción, omite las licitaciones públicas y recurre habitualmente a las contrataciones directas y paga mayormente por legítimo abono, todos estos actos administrativos contaron con la anuencia y aprobación necesaria e ineludible de estos dos organismos de control interno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.

Una advertencia que tiene nombres y apellidos y pareciera que para el jefe comunal de Roca, y sus aliados en el gobierno, en esta riña no hay tregua.

En todo esto existe un comportamiento intolerable. Es inadmisible para los rionegrinos observar -como convidados de piedra- de que manera se dilapidan esfuerzos, recursos y se distrae la atención a los verdaderos problemas de la provincia.

Es reprochable que un organismo de control, como el Tribunal de Cuentas, que en consonancia con el intendente de General Roca y en virtud de una pelea interna de intereses personales y políticos recién ahora cumpla con las funciones establecidas en la ley 2747 que precisa –entre otras responsabilidades- “analizar los actos administrativos que se refieran a la hacienda pública y observarlos cuando contraríen o violen disposiciones legales o reglamentarias…”
Si mañana la política los vuelve a juntar todo será complacencia y nadie se pondrá colorado.