La presencia del conflicto ● ADN
Parecería una coincidencia generalizada que a raíz de la declaración informativa del gobernador Alberto Weretilneck al juez penal Favio Igoldi, sobre presuntas conductas corruptas del intendente de General Roca, Martín Soria, surgió la investigación judicial sobre el pago del seguro de vida del ex gobernador Carlos Soria a sus cuatro hijos.
Cada uno habría cobrado 310.000 pesos, un total de 1.240.000 pesos. Será responsabilidad del juez determinar cómo surge esta suma, en qué momento el ex gobernador contrató el seguro facultativo, qué sumó al seguro obligatorio y cómo se hicieron los descuentos respectivos.
Carlos Soria asumió el 10 de diciembre del 2011 y falleció el 1 de enero del 2012. Sólo 20 días de mandato y no llegó a cobrar un mes entero de salario y por lo tanto la investigación se orienta a conocer en la oficina de liquidación de sueldos de la gobernación, si en el sueldo de diciembre de Soria se efectuó el descuento del seguro facultativo de Horizonte, por cuanto la póliza del IAPS es obligatoria.
También el juez tendrá que investigar sobre qué datos la empresa aseguradora confeccionó la póliza de seguro del ex gobernador, con sólo tres semanas en el cargo.
Resulta más que curioso que –según trascendidos- la ficha del seguro de Carlos Soria tiene fecha de mayo de 2012 y figuran sólo como beneficiarios sus hijos. ¿En el seguro obligatorio son los mismos beneficiarios?
Los trámites del cobro de los seguros siempre se cumplieron en la más estricta reserva y fue responsabilidad de las autoridades de la empresa.
En aquellos momentos se analizaba superar el escollo que representaba el hecho de que Susana Freydoz figurara como beneficiaria (un procedimiento habitual en los matrimonios) como así también la exigencia de la familia en cobrar el seguro bajo la figura de accidente, calificativo que la justicia desvaneció al condenar a la esposa del ex mandatario por homicidio. Este falló quedó firme en noviembre y el seguro comenzó a cobrarse –en cuotas- antes de la resolución del Superior Tribunal de Justicia.
Resulta paradójico que el seguro de vida de Carlos Soria hoy se encuentre cuestionado en una causa de corrupción, precisamente cuando llegó al gobierno prometiendo “mani pulite”.
También se derrumba como un castillo de naipes el discurso moralizante de Juan Huentelaf, cuando asumió en la empresa Horizonte, quien habría sido el impulsor del cobro del seguro de la familia Soria.
Este tema permitió al gobernador salir hacia delante en el entredicho con el intendente de Roca y a la vez cumplir con el requerimiento del juez Favio Igoldi. Probablemente sea un tema central y probatorio, cuando otras acusaciones a Martín Soria quedaron en el marco de conversaciones íntimas, sin testigos ni pruebas.
A su vez, Alberto Weretilneck avanzó un paso más y se quedó con la conducción de Canal 10, conducido por un conjunto de funcionarios de estirpe sorista, como Julián Goinhex, Victoria Argañaraz, esposa de Carlos Soria hijo, Gustavo Goinhex y Laura Tappatá, entre otros.
Colocó como presidente de la emisora al intendente de Contralmirante Cordero, Fabián Galli, operación que demuestra la intención del gobernador de fortalecer las relaciones con los intendentes para asegurar el predominio territorial.
Canal 10 necesita ser la emisora televisiva de toda la provincia y no sólo de Roca, pero también requiere de la puesta en marcha de un proyecto integral de radio y televisión y en sintonía con las políticas nacionales en materia de comunicación. Un mensaje claro en tal sentido será definir la relación contractual con Artear y Canal 13 de la Capital Federal.
Las primeras declaraciones de Fabián Galli, son escasas en este rumbo. Puso en énfasis en que “el canal comunicará acciones del gobierno…” como respuesta a la marginación que las anteriores autoridades hicieron de la administración Weretilneck. Pero no se trata de impulsar la lógica Goebbels sobre la propaganda oficialista a través de políticas informativas enlatadas. No escapa a esta definición política la resolución final que tengan los conflictos en LU 19 de Cipolletti y LU 16 de Villa Regina.
Pero como dijo alguna vez Domingo Faustino Sarmiento “yo sigo sin rumbo, sin blanco fijo, cediendo a impulsos que me llevan adelante”. Un pensamiento que coincide con el estilo de conducción política de Weretilneck y representa el pecado original del gobierno del FpV con la llegada de Carlos Soria: falta un proyecto de político y carencia de una planificación provincial. Todo es impulso.
En la interna del gobierno Weretilneck puso todos sus esfuerzos en aislar a Martín Soria y pareciera caminar con éxito, aunque equilibra concesiones como haber confirmado al frente de la Lotería de Río Negro a Martín Alcalde, funcionario llegado de la mano de Soria y también dejó en el poder sorista a la empresa ALTEC, junto a otros bolsones gubernamentales. Alcalde fue un pedido de Carlos Peralta.
La interna en el FpV genera mucho esfuerzo y tiempo. La marcha del gobierno está atada a esta conducta y sólo deviene en parálisis y ausencia de políticas públicas.
Mientras tanto en otros andariveles se arman espacios políticos que si bien llegaron juntos al gobierno en el 2011 hoy piensan en desarrollos propios que le permitan autonomía para decidir el futuro en el 2015.
Osvaldo Nemirovsci, barilochense y funcionario del ministerio de Planificación de Nación, trabaja en formar un partido provincial y presentar su candidatura a gobernador. El tema es fortalecer un espacio kirchnerista con libertad para acompañar o no al gobierno.
En el mismo orden trabaja Nuevo Encuentro que dio muestras de acompañamiento a Weretilneck, pero sin dejar de lado su independencia y su proyecto nacional.
También el Movimiento Evita piensa en constituirse en una fuerza provincial, con autonomía del gobierno y de esta manera negociar espacios políticos en el futuro.
Estos agrupamientos se suman al Kolina, un espacio que lidera en Río Negro, Miguel Pichetto y que a nivel nacional responde a Alicia Kirchner. También se movilizan La Cámpora, del legislador del Valle Medio, Martín Doñate, y otros agrupamientos como el Movimiento Nacional y Popular y Descamisados.
No todo lo que sucede en el peronismo ocurre en el gobierno y no todas las políticas del gobierno coinciden con el peronismo rionegrino.
No será ajeno al oficialismo, y principalmente a la Legislatura de Río Negro, el accionar de la justicia provincial sobre presuntos delitos cometidos en el gremio legislativo Apel, que conduce Alejandro Gatica, en el manejo de dinero público con destino específico en un fondo de vivienda, creado al amparo del Parlamento.
Ante la presentación de una denuncia, el juez Favio Igoldi allanó la sede de Apel, en el marco de tensiones y agresiones a periodistas que cubrían el operativo judicial-policial. También la justicia de Río Negro solicitó a la comisión legislativa auditora de la administración del Fondo de Viviendas, los originales de todo lo realizado por el gremio, que nunca —desde la creación del Fondo hace más de tres años— logró que le aprobaran una sola rendición de estos fondos públicos.
Este proceso judicial no será neutro. El manejo de estos fondos habría permitido a la Comisión Directiva de Apel realizar la compra directa de terrenos a una inmobiliaria (GAL), propiedad de la esposa de Gatica, Alicia Fernández, de su hijo, Alejandro León, y de un empresario inmobiliario, Gonzalo Angos, violando la norma que la obligaba a hacerlo a través de una licitación pública.
No sólo eso, se deberá comprobar si la inmobiliaria no se creó especialmente para hacer negocios con Apel, ya que incluso realizó una operación de compra-venta antes de su constitución formal.
Después se concretó la venta de lotes, pero no sólo a empleados legislativos (los legítimos beneficiados del Fondo), sino que se incluyó también entre los compradores a funcionarios y a una gran cantidad de personas que nada tienen que ver en el Poder Legislativo, en lo que se ha dado en llamar un verdadero “festival inmobiliario”. La difusión del listado de compradores de terreno revelará muchas sorpresas ante la opinión pública.
La falta de control y la protección política hicieron posible que no sólo Gatica, sino también otros integrantes de la comisión directiva de Apel, como Elvio Bahamonde y Stella Sale, hicieran uso y abuso de recursos económicos en la compra y venta de terrenos y manejo de préstamos dinerarios a los empleados legislativos.
Si bien resulta repudiable y condenable, no fue la agresión a los periodistas el tema sobresaliente en el allanamiento de la sede del gremio, sino que finalmente la justicia decidió actuar luego de innumerables denuncias efectuadas en la prensa por el manejo discrecional de fondos públicos que la comisión legislativa responsable no controló adecuadamente y permitió este accionar.