Para Vargas, proyecto de Código Procesal Penal es una «ley de impunidad»

Viedma.- El legislador Roberto Vargas señaló que “la reforma al Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro que se pretende implementar, es una velada ley de impunidad, cargada de groseras violaciones no sólo a la justicia sino al más simple sentido común”. Causas como “Flavors” o la relativa a los “PER” o los sobresueldos, quedarían sin su condena judicial.

Para Vargas “Es evidente que muchos artículos, entre ellos el 77, el 92 y el 237, están pensados para beneficiar a los funcionarios comprometidos en causas de corrupción”.

También sostuvo que: “…estamos atravesando una crisis social e institucional, y que este Código que se pretende sancionar incrementará el desprestigio. Por cierto que todavía no hay conciencia en la población sobre los alcances del articulado, ni tampoco se ha informado honestamente sobre las consecuencias que acarreará: prescripción automática de causas, incluso cuando haya condenas ya dictadas por los tribunales de juicio recurridas en Casación ante el Superior Tribunal de Justicia pero sin su resolución; mucha mayor protección a los funcionarios que con la Ley nacional 25320: es decir, con este Código en un caso como el de Menem en el tráfico de armas, no lo podrían haber investigado, ni juzgado, ni condenado, porque el art. 92 dice que si no se desafuera al imputado, hay que suspender el proceso…”.

Indicó también el legislador que: “Este es el «Código de la impunidad», que además, para proteger a los casos de corrupción, dispone que los delitos de menos de seis años de pena máxima son inapelables por parte del fiscal y la víctima, por ejemplo en un caso de abuso simple de menores en que el imputado es sobreseído nadie puede recurrir…”. Para el parlamentario “…tampoco se conoce el impacto sobre el mismo Poder Judicial: qué función cumplirán los ahora secretarios, o el tema de los jueces de instrucción, que pasarán seguramente a cobrar el mismo sueldo que los camaristas, porque todos integrarán el Colegio de jueces…”. Vargas añadió también que: “…se ha confesado públicamente que el juicio por jurados tardará algunos años en implementarse, aunque se hayan realizado, como “cortina de humo”, algunos simulacros de juicio, porque el verdadero objeto de esta apurada reforma es otra…”. Asimismo se preguntó el legislador: “…entonces, ¿qué se aplicará de inmediato y será materia de preocupación para el futuro?

Seguramente, los plazos procesales, que son el verdadero interés de los pretensos codificadores, algunos de los cuales se desempeñan profesionalmente en la defensa de los imputados por delitos de corrupción pública, ex funcionarios de la anterior gestión provincial, la que justamente presentó este Proyecto de Código en la Legislatura provincial poco antes de entregar el poder, como una especie de “Ley de Auto-amnistía” similar a la de Bignone en la última dictadura militar”, agregó. Para Vargas la gravedad es tan grande que “…la fijación de un plazo de tres años, o cuatro en delitos los complejos, de duración del proceso, incluyendo el recurso de casación, permitirá que numerosos imputados por fraude, involucrados en causas actualmente en trámite, sean beneficiados con la extinción de las acciones penales, en contra de lo normado procesalmente por el Código Penal de la Nación. Por ejemplo: causa “Flavors” (que lleva más de cuatro años de tramitación) o la causa “PER” (más de tres años). Aunque entrara en vigencia dentro de un año, no se alcanzaría a terminar todo el proceso incluyendo el recurso de casación, por lo que todos los imputados –ex funcionarios- tendrán asegurada la impunidad. Los imputados en la mayoría de las causas promovidas antes de 2012, que se encuentran en trámite, seguramente gozarán de este beneficio procesal”. El parlamentario concluye indicando que “entiendo que este es un Código de Impunidad, oportunista, gestionado por los defensores de los políticos imputados o que pueden ser investigados próximamente, que los beneficiará de forma automática. Estamos ante una cuestión de gravedad institucional si esto se aprueba, en tanto se consagraría, con la excusa de la reforma, la impunidad, principalmente de quienes ejercen funciones de gobierno y delinquen desde una posición de privilegio, amparados por normas jurídicas que diseñan sus propios abogados defensores” Por último dijo que existe una grave sospecha que su aprobación será el resultado de un acuerdo político entre sectores del actual gobierno y de la anterior gestión radical.