El juicio a las juntas militares, una sentencia universal ● Miguel Cardella

En pocos días nuestra democracia cumplirá 30 años y un modo de fortalecerla es a través de la valoración de sus hitos históricos. Uno de ellos es la política de estado de esclarecer y castigar a los responsables del terrorismo que comenzó en diciembre de 1983 cuando el presidente Raúl Alfonsín firmo dos decretos.
El decreto número 157 del 13 de diciembre de 1983 que declaró la necesidad de llevar a juicio a Mario Fiermenich, Ricardo Obregón Cano, Rodolfo Galimberti, Roberto Perdía, Héctor Pardo, Enrique Gorriarán Merlo y al hoy Ministro de Obra Públicas en Río Negro y único sobreviviente de la masacre de Trelew Fernando Vaca Narvaja; con relación a los hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973 por delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delito, apología del crimen y otros atentados contra el orden público. Esa decisión fue puesta en conocimiento del Procurador General de la Nación.
El otro decreto, el número 158, dispuso someter a juicio a las tres juntas militares que dispusieron de la vida de los argentinos entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Así desfilaron los militares dictadores Jorge Videla, Eduardo Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.
El día 9 de diciembre de 1985 la justicia civil, a través de la Cámara Federal de la Capital Federal, integrada por los jueces Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz y Andrés D’Alessio dictaba el fallo que condenó a los autores del plan criminal más atroz de nuestra historia, teniendo en cuenta el alegato acusador del fiscal Julio César Strasera.
Este juicio se desarrolló en un gobierno democrático surgido del voto popular de la administración de Raúl Alfonsín; de quien vale recordar también, que en diciembre de 1975 fue cofundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que cuando era candidato a Presidente de la Nación por la Unión Cívica Radical, en plena campaña asumió el compromiso de llevar adelante una política sobre derechos humanos que se reflejaría en anular la autoamnistía que la propia Dictadura se otorgó en 1983, luego de expresar al país aquel “documento final” en boca del tirano Bignone a través de la cadena nacional de radio y televisión. El candidato Italo Luder, del partido Justicialista, había aceptado esa autoamnistía y afirmado que si era electo presidente no revisaría la norma en cuestión por los efectos jurídicos producidos.
Esa autoamnistía titulada “amnistía de delitos cometidos con motivación, finalidad terrorista o subversiva desde el 25/5/73 al 17/6/83”, fue declarada  inconstitucional e insanablemente nula por ley del Congreso de la Nación a través de la ley nº 23040.
En ese juicio histórico los dictadores tenían menos de 60 años de edad cuando se sentaron en el banquillo del acusado en 1985 y quienes hace meses habían sido sus subalternos, al momento del juicio manejaban el poder de las armas y de las tropas, un detalle de alta significación. Los jueces y el fiscal tuvieron en su presencia a los hombres que continuaban siendo fuertes puertas adentro de los cuarteles militares. Detalle que 20 años después no existía.
Para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, tenemos el deber de conocer nuestra historia. Nuestro desafio es recordarla y contarla. Sobre todo contarla bien y no parcializada.
Los jóvenes al leer, preguntan y expresan sus propias ideas, porque esta historia de tan corto tiempo nos demuestra que la bandera de los derechos humanos solo se concibe como una bandera de todos, de cada uno de los argentinos que debemos enarbolarla en lo más alto posible.
Algunas cosas que debemos repasar es que el juicio a los dictadores fue un ejemplo de legalidad, único en la historia universal, de ningún modo comparable con el juicio de Nuremberg, porque en nuestro país se hizo bajo el estado de derecho democrático, y el otro se hizo en la Alemania ocupada por las fuerzas aliadas que habían ganado la segunda guerra mundial.
Tampoco hubo una guerra, no uno hubo una sola prueba que lo indicara cuando se utilizó la estructura del estado para cometer delitos. Se preguntó el fiscal Strasera ¿Son objetivos militares los niños recién nacidos? ¿Es una acción de guerra ocupar las casas y tener como rehenes a parientes? ¿Puede equipararse el saqueo de una vivienda con la incautación del parque de artillería enemigo? Las conclusiones son clarísimas. No hubo guerra alguna, fue un invento en la discusión argumentativa de pretender justificar la atrocidad.
Otra cuestión fue la forma en que se desarrollo el juicio, desde su modo constitucional de llevarlo adelante; se trató de un juicio acusatorio, oral y público en 1985, mientras que antes todo era escrito y secreto. Hoy en 2013, los legisladores de Río Negro y el Congreso de la Nación, no profundizan este avance en la técnica jurídica de los juicios penales, dijo el fiscal Strasera “lo que yo no pudiera probar no podría ser motivo de condena por parte del Tribunal”.
Hay que recordar, también, que la base de la acusación tuvo como plataforma el informe realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el presidente Alfonsín, que tuvo por objeto investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado de entre 1976 y 1983, llevadas a cabo por la dictadura militar conocida como Proceso de Reorganización Nacional. Destaquemos que posteriormente, en 1987, se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, como un organismo autónomo y autárquico; cuyos objetivos son garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad que se hayan iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.
Alguna vez sabremos por qué el Vaticano se negó a colaborar a través del nuncio Pío Laghi, aduciendo que los archivos que tenía sobre la situación del país eran secretos; sin embargo jamás olvidaremos las públicas y valientes expresiones del Obispo Miguel Esteban Hesayne que despertaron la conciencia de más de un ciudadano.
El fallo, además, describió el accionar y estructura de los grupos subversivos, el accionar de la triple A, nacida bajo la presidencia de Isabel Martinez de Perón y su ministro López Rega y el golpe de marzo de 1976, con sus robos, torturas y asesinatos, desaparición de personas, metodología de la tortura, la existencia de lugares clandestino de detención y el destino de esas víctimas; la eliminación física de los secuestrados. En esa sentencia los jueces tuvieron por acreditado un plan sistemático criminal de las fuerzas armadas.
Alguna vez deberemos analizar por qué motivo toda nuestra justicia no enarbola como un logro colectivo el histórico fallo dictado en las condiciones que se vivían en 1985. Por qué la dirigencia política no hace de ese proceso una escuela democrática de instrucción cívica, o por qué nuestros jóvenes solo tiene acceso a la historia reciente de un modo parcializado. De por qué los archivos del juicio fueron archivados en custodia al Parlamento de Noruega. En mayo de este año la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital permitió la digitalización de 530 horas del juicio (se puede consultar en www.memoriaabierta.org.ar).
Por qué el entonces presidente Kirchner el 24 de marzo de 2004 en la Escuela de Mecánica de la Armada, desconoció los logros, trabajo, coraje y esfuerzo de los primeros 24 meses de la democracia (en ese tiempo la CGT de Ubaldini ya había realizado 3 paros generales). La disculpa de aquel presidente, al presidente Alfonsín nunca fueron públicas, solo personales y para el conocimiento de muy pocos. Gestos y hechos que demuestran la apropiación sectorial de la historia.
Esa acción histórica, de llevar adelante a juicio al terrorismo que asoló a nuestro país en la década de los ‘70, fue analizada por el periodista Pepe Eliaschev, en el libro de su autoría “Los Hombres del Juicio”. Se trata de una obra de lectura y consulta obligatoria para el ciudadano, para la prensa, para el docente de aula, para el profesor de historia, para todo público. En palabras del autor es “rescatar la historia humana de quienes no cazaron en el zoológico”. Así el libro detalla, con base en la sentencia y las entrevistas con aquellos jueces y fiscal, como estaba nuestro país, el daño que produjo la aparición de grupos armados dentro del propio gobierno nacional (la triple A) y fuera del estado nacional (la guerilla urbana). Para quienes tenemos el recuerdo de aquellos años y para quienes no, también es una lectura que refresca y hace reaccionar nuestra memoria individual y colectiva, mostrando con una crudeza que ese fue nuestro país y que vivimos esa parte de una historia trágica.
Dos reflexiones para cerrar esta opinión. La primera que el libro referido es una obra valiosa en su relato para la nueva generación nacida a partir de 1973, 1976 y de 1983, porque este joven no tuvo el aprendizaje de saber y conocer en el contexto que se desarrollo el juicio más importante de la historia argentina.
La última, haciendo propias las palabras de Eliaschev, que “Los defensores defienden. Los procesados hacen sus descargos. El fiscal formula sus acusaciones. Los jueces escuchan, la prueba se presenta. No es un paredón de fusilamiento. No es un juicio sumario. No es un tribunal popular. Es una corte de ley”.
Fue el juicio a las juntas militares impulsada por Raúl R. Alfonsín, padre de la democracia Argentina, y su epílogo una sentencia universal.
Miguel Ángel Cardella
Abogado

Titulo origina: 30 años de Democracia ganada.
El juicio a las juntas militares, una sentencia universal