Deterioro institucional ● ADN

lebedMañana en la tarde jurarán dos nuevos ministros de Alberto Weretilneck: Oscar Albrieu y Haroldo Amado Lebed. Nada más simbólico del deterioro institucional que viene marcando el gobierno del FpV. Uno es ex juez y diputado. Se preocupará de la Seguridad de todos mientras es investigado por transgredir la ley al cobrar doble percepción de haberes durante varios meses. El otro, un bonaerense de pura cepa que no cumple con el requisito constitucional de tener cinco años de residencia en la provincia de Río Negro.

Reemplazan a una secretaria de Seguridad que también está investigada por doble percepción y a un empresario de la producción que llegó al ministerio con una deuda que nunca había pagado y que este gobierno le facilitó su cancelación con un plan excepcional. Como frutilla del postre, ninguno de ellos, ni Martha Arriola ni Alfredo Palmieri se van a sus casas, seguirán en otros puestos menores, incrementando la planta de funcionarios, muy lejos de los deseos y propuestas del ex gobernador Carlos Soria.

Lebed reemplaza en Agricultura y Ganadería a Alfredo Palmieri, que pasó con más pena que gloria por el gobierno provincial. Es un hombre de la política, amigo de Miguel Pichetto, y con experiencia en la función pública.

Seguramente pondrá su impronta en un gabinete opaco, temeroso y lento de ideas y de gestión. Un gabinete sin atrevimientos y osadías.

Es una incorporación que generará expectativas en algunos sectores que lo ven como un consejero útil para el gobernador, no sólo en las áreas vinculadas a su ministerio, sino también en la actividad política y la construcción de poder.

Pero también tiene rechazos, como los que fueron transmitidos al gobernador, cuando ya se filtró que podría ser Lebed el convocado.

Pero más allá de los cambios en el gabinete, donde también se reemplazará próximamente al singular Rovira Bosch, hay un hecho que tiene una importancia clave en el devenir político provincial: está concluido el proyecto de ley para implementar las PASO en Río Negro, para elegir autoridades provinciales, en un proceso electoral interno separado del orden nacional.

¿Qué se analiza en el entorno del gobernador? Determinar si este proyecto se presenta en la Legislatura de Río Negro como iniciativa del bloque oficialista o si por el contrario lo remite Alberto Weretilneck, con acuerdo de ministros.

La decisión está tomada y sólo resta conocer el procedimiento institucional de ingreso al parlamento. Este tema fue conversado con sectores internos y de la oposición, sobre todo del radicalismo, donde no habría mayores reparos ya que a todos pareciera convenir acudir a un proceso interno de selección de candidatos sometidos a la consideración de la ciudadanía provincial.

Esta semana también hubo equivocaciones con algunos tragos amargos.
El gobernador sufrió una derrota en el Consejo de la Magistratura donde había anticipado la jugada y anunció en varias oportunidades que el Procurador sería de la ciudad andina y le puso nombre: Carlos Rinaldi.

Conversaciones previas indicaron que el barilochense candidato del gobernador no pasaba la prueba. Todo se tornó oscuro y ante la posibilidad de aparecer con un revés se inclinó a favor de la camarista Silvia Baquero Lazcano. Reconocida entre sus pares como una profesional solvente, con ideas y conocimientos, habrá que tener la mirada atenta para evaluar los cambios que se esperan.

Le cuesta al gobierno tener operadores de fuste en los temas judiciales para consensuar o conducir políticas de Estado. El desafío permanente es consolidar las instituciones y el sistema democrático y en esta tarea la principal responsabilidad recae en el gobierno, quizás haya llegado el momento de introducir modificaciones al sistema de elecciones de jueces.

Hay sorpresas en la conducción del Estado. No todo lo que el gobernador pretende se hace, se resiente la cadena de mandos y el burócrata queda sin conducción. Un tema grave para el funcionamiento de la administración que se comprobó estos días cuando el Ejecutivo remitió proyectos de ley a la Legislatura, con errores, desprolijos y contradictorios que luego debieron ser corregidos para saldar el papelón.

Veamos estos ejemplos: Alberto Weretilneck decide poner punto final al discutido tema de los pasivos comprendidos en el decreto 7 y resuelve junto a sus asesores de confianza, fijar un monto a repartir entre los ex empleados estatales, una manera de terminar con “el cuento de la buena pipa”. Cuando todo parecía resuelto el Fiscal de Estado se opone.

¿Quién pagara el costo y el desgaste político? Sin dudas el gobernador.
Otra situación: se anuncia que se harán modificaciones para agilizar los trámites administrativos en el Estado, con un nuevo reordenamiento.

En este marco el Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) por decisión del gobernador pasa de depender del Ministerio de Economía al Ministerio de Obras Públicas. El tema se debate, se aprueba pero queda todo en stand by porque se opone el Contador General de la provincia.

¿Quién queda desautorizado frente a sus propios funcionarios? También el gobernador.

En el proyecto del nuevo paquete fiscal – para el próximo ejercicio- se decide gravar la producción primaria con ingresos brutos. Conocida la información por la prensa los legisladores oficialistas dan marcha atrás y eliminan al nuevo gravamen. Falta de unidad de criterios y coordinación entre los ministerios y los legisladores en el momento de elaborar las pautas para la confección de leyes fundamentales.

¿Quién fija las líneas directrices que obligan a los ministros y secretarios de

Estado a cumplir con las políticas del gobierno?
En el proyecto de ley de presupuesto elevado a la Legislatura se aumentaba la planta de funcionarios políticos y denunciado este incremento también hubo una rectificación y así se pagan costos innecesarios.

También se planteó una disminución en más de mil empleados, entre personal de planta permanente y contratados, en las previsiones de Economía para el proyecto de ley del presupuesto 2014.

El gobierno aclaró que todo se trató de una confusión. ¿Es posible que en un tema tan sensible puedan existir errores? No es cierto, al ministro Alejandro Palmieri se le escapó decir –en un acto de sincericidio- que “a lo mejor pasaba”.

La reducción de empleados públicos siempre es un fantasma que ronda desde la asunción del gobierno del FpV y está en la naturaleza sorista del ministro de Economía. Derogada la ley de prescindibilidad se pensó incluso en prescindir de aquellos empleados y empleadas en condiciones de jubilarse o en algún tipo de retiro o desvinculación voluntaria.

Si algo caracteriza a este gobierno es que informa mal. Este déficit siempre deviene en conflictos y contamina la relación con la prensa.

En cada traspié y error que se cometen siempre se busca la culpa en la información periodística. Se habla con liviandad de “desajustes involuntarios” y debería ser preocupación para el gobernador cuando sus ministros y colaboradores funcionan de manera independiente y en compartimentos estancos frente a su propio gobierno.

Ahora nos acercamos a la profecía autocumplida. Desde el gobierno se comenzó a menear la posibilidad de que a fin de año se produzcan saqueos en supermercados. Para el gobernador son solo rumores. En otros puntos del país ya hubo señales de posibles actos de violencia.

Sería lamentable que de tanto preanunciar los saqueos terminen sucediendo y encuentren al gobierno distraído o con desconfianza mutua entre las distintas áreas, respecto a las tareas de prevención para evitar estos hechos.

A menos de un mes de las fiestas de fin de año la acción gubernamental no puede limitarse sólo a la custodia policial de supermercados o convocar a la gendarmería, también adquiere importancia las tareas de contención y atención que incumben al ministerio de Desarrollo Social – cuestionado incluso por la Justicia que habló de ausencia de políticas públicas efectivas con relación a los derechos de la infancia y adolescencia – y la coordinación entre el ministerio de Gobierno y los municipios.

El Estado tiene las herramientas para prevenir y controlar estas movilizaciones que terminan reclamando alimentos frente a los supermercados y otros comercios de comidas, y entonces no puede haber sorprendidos ni sorpresas.