Bergonzi vive preso de sus propias contradicciones ● Magdalena Odarda

El mismo Fiscal de Estado que viene apelando sistemáticamente todas las decisiones judiciales que permitirán acceder al Lago Escondido a la totalidad de la población, Dr. Pablo Bergonzi, es el que ahora pretende hacer gala de una faceta garantista de los derechos de los ciudadanos, reclamando ante la justicia que se declare la invalidez del trámite que permitió a la empresa Belga “Burco” (Belgian Urban Renovation Company N.V.) quedarse con más de 7.000 hectáreas en la zona rural de El Bolsón.

Así resultan de impúdicas las propias contradicciones en la gestión de quien debiera representar los intereses de todos los rionegrinos, y que por esas jugarretas del destino, desde hace años viene desplegando todo tipo de artilugios legales para impedir que la empresa Lago Escondido abra las tranqueras del camino de Tacuifí para todos los ciudadanos, acompañando en su accionar judicial los intereses de los grandes empresarios y corporaciones inmobiliarios; todo ello al mismo tiempo que aparece hoy bregando por la restitución al estado de las tierras mal habidas por otras corporaciones extranjeras.

Ahora bien, la adquisición de los lotes «en forma irregular con la utilización de intermediarios para eludir la prohibición de ventas en favor de empresas de capital extranjero» , tal como resalta el Fiscal de Estado en su reciente denuncia contra el grupo Burco, resulta absolutamente aplicable a los demás grupos similares que vendrían realizando operaciones inmobiliarias mediante triangulaciones escandalosas en toda la región, tales como el magnate inglés Joseph Lewis o los empresarios locales Nicolás Van Ditmar o Marcos Midlin.

En estos casos es el mismo Fiscal de Estado quien se encuentra defendiendo los intereses de estos operadores inmobiliarios en forma tan evidente, tanto en la presentación de sus escritos como en sus alocuciones a lo largo de las audiencias judiciales, que deja casi sin sentido la intervención de los abogados de dichas corporaciones, quienes miran perplejos y hasta respiran tranquilos frente al Juez, sabiendo que el representante de la provincia hará el mejor papel de abogado de dichas empresas que ellos pudieran haber hecho jamás.

Así, cuando desde julio de 2009 el STJ viene exigiendo la apertura de los dos caminos para acceso público al Lago Escondido, el sendero largo de montaña y el camino histórico de autos de “Tacuifí”, una vez abierto solo el primero de ellos, de gran dificultad, extensión y desnivel, fue el Fiscal de Estado quien propuso que se archive el expediente sin que se garantice el acceso público a través del segundo camino, accesible para la totalidad de la población.

Meses después, cuando el por entonces Juez de Primera Instancia, Dr. Carlos Cuellar de Bariloche, fijaba los plazos de 60 y 90 días para la constitución de las servidumbres o restricciones administrativas faltantes y para obtener la apertura definitiva del camino de Tacuifí, fue el propio Fiscal de Estado, Dr. Bergonzi, quien apeló indignado tal resolución y que, una vez denegada dicha apelación por el Juez, fue todavía en queja ante la Cámara de Apelaciones, lo que ameritó que luego de varios meses la Cámara solicitara el expediente para resolver pero que, por falta de integración de los nuevos jueces designados, no ha resuelto hasta el momento, llegando hoy a fin de año sin resolver sobre los 60 y 90 días que el Juez había ya establecido en febrero de 2013.

No contento con ello, el Fiscal de Estado presentaría en el mismo expediente la formalización de un pre acuerdo entre el Gobernador de la provincia de Río Negro y el Administrador de la Estancia Hidden Lake S.A., Nicolás Van Dittmar, para que ésta última construyera un supuesto “tercer camino” a su costo por la zona de El Manso, oferta que ameritó un reconocimiento por parte del Juez y las partes y que, como contrapartida, exigía la suspensión de los plazos y que nunca más se insistiera con la apertura del ya existente camino de Tacuifí. Esta dilatoria propuesta generó que, al día de hoy, no exista aún resolución sobre el particular en virtud de hallarse el expediente en la Cámara por la apelación que formulara la misma Fiscalía de Estado meses atrás.

Paradójicamente, el Sr. Fiscal de Estado aparece hoy realizando una efusiva denuncia contra Burco, en la que solicita se declare la nulidad de la escrituración y de contratos privados para un campo de 7.080 hectáreas cedido originalmente a un privado, que rápidamente transfirió a El Talismán SA y Estancia Río Foyel, ambas sociedades del grupo belga.

Valoramos que, al menos hoy, el Sr. Fiscal de Estado demuestre interés en garantizar el derecho que todos los rionegrinos tienen para que las tierras públicas sean administradas de un modo transparente, pero en función de todos los antecedentes que hasta el presente hemos observado en relación con el accionar de dicho funcionario, insistiremos con el criterio de que sea la misma Legislatura de Río Negro, tal como ya sucedió con las 24.648 has. de la Meseta de Somuncura, la que disponga dicha nulidad y restituya estas tierras de incalculable valor al pueblo rionegrino, para lo cual ya durante la semana pasada el Legislador Jorge Ocampos presentó el proyecto de ley respectivo en nombre de nuestro espacio político.

Magdalena Odarda Senadora Nacional

Darío Rodríguez Duch Abogado Ambientalista