A jueces superiores reconocerán hasta $11.000 por alquiler de casa

casaViedma (ADN).- Tres jueces del Superior Tribunal de Justicia no tienen viviendas propias en Viedma, porque son de Bariloche (Enrique Mansilla), General Roca (Sergio Barotto) y Cipolletti (Ricardo Apcarian), pero solo una de las tres casas que cedió el Poder Ejecutivo para alojar a los magistrados superiores está actualmente en condiciones de habitabilidad. Por eso, se les reconocerán hasta $11.000 por alquiler de cada unidad habitacional.

Por lo expuesto, el Superior Tribunal consideró necesario reglamentar el reconocimiento a sus jueces de gastos de alquiler, hasta tanto las otras dos casas sean reparadas.

Según la resolución 729/2013, se estimó apropiado fijar un canon locativo mensual que operará como tope, el cual quedará establecido en base al promedio del valor de alquiler que surja de al menos tres cotizaciones efectuadas por inmobiliarias de la zona para una vivienda tipo adecuada a los grupos familiares.

De ese modo, se requirió información a las inmobiliarias Brunt Propiedades, Balda y Zona, que cotizaron, respectivamente, $ 12.500, $ 12.000 y $ 8.500, lo que arrojó un valor promedio mensual de $11.000.

No obstante, se aclaró que “cuando alguna de las viviendas oficiales se encuentre en condiciones de ser habitada y asignada, dicha circunstancia se hará saber de manera fehaciente a los beneficiarios del régimen que se establece por la resolución, debiendo concederse al mismo tiempo un plazo de 30 días para que se proceda a su ocupación”.

“Advertidos por la Fiscalía de Estado acerca de la conveniencia de habilitar el reconocimiento transitorio de gastos de hotel, ya sea hasta tanto se asigne la vivienda y/o se materialice la locación de una o en forma permanente, sujeto a los topes mencionados, se entiende conveniente aceptar dicha recomendación, por cuento este tipo de situación también se ha presentado, si bien de manera excepcional, en el Poder Judicial”, puntualizó la documentación oficial.

En la misma resolución, difundida ayer oficialmente, se consignó que la Ley Provincial A N° 2.903 prohíbe expresamente la adjudicación del uso de vivienda oficial, la locación de viviendas, así como el reconocimiento de gastos de alquiler o de la percepción de adicionales remunerativos en concepto de valor locativo, a todos aquellos funcionarios y/o agentes que cuenten, él o alguno de los miembros de su grupo conviviente, con vivienda propia en el lugar de prestación de la función o dentro de un radio de 30 kilómetros del mismo.

A través del mismo texto, el Poder Judicial asignará vivienda de uso oficial a los jueces del Superior Tribunal que no se encuentren alcanzados por la prohibición que establece la Ley A N° 2903, destinándose a tales fines los inmuebles ubicados en las calles San Luis 408, Ituzaingó 421 e Ituzaingó 407, Viedma.

Agrega: “Cuando las viviendas detalladas en el se encuentren indisponibles, se reconocerá a los jueces del Superior Tribunal de Justicia, el importe del alquiler mensual hasta un monto máximo que se fija – al día de la fecha – en $11.000″.

Al reconocimiento del importe mensual en concepto de canon locativo se sumará, por única vez, el monto que se deba abonar en concepto de depósito, el que no podrá ser superior a un mes de alquiler o al tope previsto si aquél fuera superior a este último, debiendo procederse a descontar el mismo del último reconocimiento que se efectúe al beneficiario. El PoderJudicial reintegrará al beneficiario el importe que a éste le correspondiere abonar en concepto de impuesto de sellos y no reconocerá suma alguna por ningún otro concepto.

También se dispuso que el monto de reconocimiento de alquiler, en todos los casos, deberá coincidir con el importe real del alquiler. En caso de que el importe real del alquiler fuese inferior al monto máximo a reconocer, se liquidará el reconocimiento solo hasta el importe menor. Si el importe real del alquiler superara el monto máximo a reconocer, la diferencia correrá por cuenta del inquilino. (ADN)