Funcionarios podrían pagar con sus bienes eventuales decisiones arbitrarias que tomen

acosoViedma (ADN).- Un reciente fallo de la Cámara de Trabajo de Viedma, en el caso Brizuela, Pedro Vicente c/ Provincia de Río Negro (Ministerio de Gobierno-Jefatura de Policía) expediente 519/11, incorpora en el dictamen del juez Jorge Bustamante una opinión dable de tenerse en cuenta para los casos de persecución o acaso laboral por parte de funcionarios que se excedieron en sus propias facultades.

Sucede que ante fallos judiciales favorables a los empleados dados de baja u obligados a renunciar, la reparación por eventuales daños y resarcimientos las paga luego el erario público, sin ningún tipo de costo para los funcionarios.

En esta causa el policía Pedro Brizuela fue dado de baja de la institución y demanda al Estado, en la persona del Jefe de Policía, Víctor Cufré, porque considera arbitraria la medida y denuncia persecución laboral.

La Cámara falla a favor de Brizuela y solicita su inmediata incorporación a la fuerza. En la resolución el dictamen del doctor Bustamante señala -luego de calificar a la actuación del ex jefe policial como “autoritaria y abusiva”- que este acto, “evidentemente de carácter discriminatorio, puede haber causado un perjuicio al empleado policial del que, a la postre, debería hacerse cargo el erario provincial. Entiendo que la erogación que hipotéticamente deberán asumir las arcas provinciales, tendrían que ser asumidas por quien o quienes resulten los responsables funcionales del mismo…”

Valga esta reflexión del juez Bustamante para la situación –entre otras-planteada en Canal 10 con el despedido de la ex conductora del noticiero de la emisora, Carla Pérez, donde finalmente el Estado concilió con la demandante un pago de 450.000 pesos de indemnización que sumando costas y otras erogaciones llega al millón de pesos, que en definitiva pagaremos todos los rionegrinos.

Siguiendo el razonamiento del juez Jorge Bustamante, tendrían que asumir los costos del despido a Julián Goinhex, titular de Canal 10 y Victoria Argañaraz, gerente general, por ser los responsables del despido que a todas luces fue arbitrario desde el momento en que se decidió convenir un acuerdo con Carla Pérez.

Por lo tanto estos funcionarios deberían ser sancionados por esta medida abusiva y autoritaria que perjudica las arcas del Estado. De la misma manera habría que obrar en casos similares que se sucedieron en toda la administración pública provincial.

El mal trato y la persecución continúan y se reiteran denuncias como el caso de Viarse, donde hay empleados despedidos y con tratamiento médico.

Desde la asunción del Frente para la Victoria se instaló en la administración pública una modalidad, inspirada en la génesis de este gobierno: ley de prescindibilidad, todos los ministerios y organismos debían reducir el 20 por ciento sus plantas de personal y expresiones despectivas hacia los empleados estatales.