Amenazas, hostigamientos y muertes dudosas – Asamblea de Bariloche contra la Megaminería

Desde hace un tiempo se viene incrementando la peligrosa estrategia de usar elementos judiciales para desanimar las luchas sociales.
El modelo de saqueo y contaminación repite etapas ya aplicadas en otras latitudes y eso se está reflejando claramente en la región patagónica. Ya se ha explicitado que los caminos que recorren las corporaciones para avanzar sobre los territorios comienzan con la complicidad política, que se encarga de facilitar las condiciones para que sucedan, sin importar si esas condiciones generan contaminación, abuso del agua o muerte. Acto seguido se miente a las comunidades, se falsean datos, se manejan acuerdos a escondidas y se busca imponerlos a toda costa. Esto es lo que genera grandes desacuerdos entre los políticos de turno y los pueblos que alzan su voz para decir no. Tal es así que ya hay un mecanismo para contrarrestar estas oposiciones. Dentro de este mecanismo la represión es la consecuencia lógica, porque el diálogo o la consulta popular no aprueban la realización de estos emprendimientos. Por esa razón no es de extrañar que el acuerdo YPF-Chevron, votado hace muy poco en Neuquén, previo acuerdo con el gobierno Nacional, haya terminado en una revuelta que incluyó gases, balas de goma, y hasta un herido de bala de plomo. Y menos aún extraña que la sesión de la legislatura de Neuquén haya continuado la represión acusando por diversos medios a los manifestantes de antidemocráticos.
Siendo la represión la consecuencia lógica, hay varias etapas previas que incluyen amenazas, hostigamientos y muertes dudosas. Hay una etapa que se está afianzando en la región patagónica en referencia a las luchas contra las corporaciones del saqueo, que es el uso y abuso de los mecanismos judiciales para silenciar las voces de los que luchan contra estos proyectos. Se sabe bien que la justicia instrumenta las maneras de dibujar condenas y causas. Esta etapa de la imposición no evita llegar a lugares ridículos con tal de escarmentar al que se manifiesta.
En Esquel, en la movilización del 4 de julio del 2012 de alrededor de 400 personas, Ricardo Bustos, en ese tiempo gerente de relaciones públicas de “Minas Argentinas” subsidiaria de Yamana Gold y periodista de FM del Lago 105.5 (el mismo que junto a otras cinco personas amenazó al cantante Axel en el marco de la fiesta del esquí hace escasas semanas), embistió con su vehículo contra varios manifestantes, entre los que se encontraba Emanuel Vera. La situación es grotesca ya que Bustos acusa ahora a Emanuel Vera por abolladuras de su vehículo. Y por más ridícula que parezca la situación el Ministerio Público Fiscal pretende pedir seis de meses de prisión condicional para el compañero.
Más recientemente, el Juez de Paz de El Hoyo sanciona injustamente y sin pruebas reales por los hechos ocurridos en la marcha del 20 de abril contra la trata y la explotación laboral, a la compañera Nora Corvalán.
Cabe recordar que en Rawson ocurrieron dos hechos graves: el primero fue el ataque a los vecinos, fuera de la legislatura, por parte de la patota de la UOCRA el 27 de noviembre de 2012, sin recibirles denuncia en la comisaría. La segunda agresión fue dentro de la legislatura, el 19 de septiembre pasado, donde los asistentes en contra del acuerdo con Tecpetrol fueron amenazados y arrinconados por la patota petrolera, y posteriormente desalojados por la policía del recinto de la legislatura sin recibirles denuncia, nuevamente, ni la policía ni la fiscalía. Lo más preocupante es que los vecinos, para garantizar su seguridad, tengan que recurrir a un juez, como en el caso de Trelew, que acaba de hacer lugar al hábeas corpus presentado por los ciudadanos que denunciaron agresiones del gremio petrolero y de la Policía.
Existen además causas abiertas en abril de este año a vecinos del Foro Ambiental y Social de Puerto Madryn, por realizar pintadas contra la megaminería, el saqueo y la contaminación.
Por otra parte, como parte de la mordaza judicial que se intenta aplicar a los reclamos sociales, la jueza Iris Pacheco a cargo del Juzgado Laboral nro. 2 de Comodoro Rivadavia que tramita la acción de amparo interpuesta por Marcelino Pintihue por violación de los derechos indígenas en la pretendida explotación del yacimiento El Trébol, intenta impedir la presencia de asambleas y público interesado en las audiencias judiciales, que son públicas.

Denunciamos que la justicia actúa de manera muy discrecional. Se muestra usualmente muy lenta en resolver casos de asesinatos (Daniel Solano en Neuquén, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco en Bariloche, Coco Garrido en El Bolsón, etc), casos de trata, incluso un jefe de policía de Río Negro fue denunciado por la ex defensora del pueblo de Río Negro, o agresiones como la que sufrió Mauro Velázquez durante una marcha en Bariloche. Por el contrario ha actuado rápidamente para criminalizar la protesta social, en los casos de presuntos delitos o contravenciones de los manifestantes. Los derechos individuales y colectivos son negados y ninguneados por un poder judicial claramente afín a proteger a ciertas personas, grupos y corporaciones. Son las maniobras y actitudes arbitrarias de la justicia las que dan origen a nuestro llamado de atención repudiando su accionar como organismo de presión para silenciar las manifestaciones de protesta. Frente a esta estrategia, la nuestra es seguir en la calle, marchando y cantando, en defensa de nuestros derechos y los derechos de la naturaleza que nos permite la vida.
ASAMBLEA DE BARILOCHE CONTRA LA MEGAMINERÍA –