Negativa del Gobierno a entregar información podría terminar en la Justicia
Viedma (ADN).- El Gobierno provincial que, entre otros retrocesos institucionales, está ocultando información a la prensa y a los legisladores provinciales, podría verse en un grave problema legal si prosperan algunas acciones judiciales que se están planteando.
Según pudo conocer ADN, la legisladora y ex defensora del Pueblo Ana Piccinini envió nuevamente notas al subsecretario de Medios, Guillermo Campetti, y al secretario de Energía de la Provincia, Guillermo Manuel Gesualdo, reclamándole información solicitada oportunamente.
También hizo lo propio con el secretario general de la Gobernación, Hugo Lastra, para ponerlo en conocimiento de los términos de las notas remitidas a los funcionarios incumplidores de la ley y para que intervenga, ya que es ese organismo es el que tiene a su cargo difundir la totalidad de la información pública que produzcan en las dependencias integrantes del sector público provincial.
La negativa del Poder Ejecutivo no es sólo a pedidos concretos, sino que, además, no está publicando en la página web todas las compras directas, como dispone el artículo 44º anexo II al Decreto Provincial H Nº 1737/98. Ejemplo de esto son la compra directa de Lotería Nº 44 y la Nº 90 , 71, y 66 de la Secretaria General de la Gobernación, que no están publicadas.
Además, desde el año pasado Campetti se niega a entregar a la prensa una copia de la auditoria que se realizó con las deudas que dejó el radicalismo a los medios de comunicación y los periodistas que facturaban, documento que anunció públicamente el propio ex secretario de la Gobernación, Julián Goinhex, que ya estaba concluido.
Tanto el secretario de Energía de la Provincia (mayo de 2013) y al subsecretario de Medios (octubre de 2012) no han cumplido con responder en los plazos legales sendos pedidos de informes de sus respectivas áreas.
En las notas de la legisladora del bloque Eva Perón, se hace saber que los datos que se requiere se trata de información pública y, como tal, su acceso le corresponde a cualquier habitante de la provincia de Río Negro (artículos 4 y 26 de la Constitución provincial, ley 1829 y su decreto reglamentario.).
También se pone en conocimiento a los funcionarios, que ante la negativa, se procederá a formular la denuncia que establece la Ley 1829, por ante la Fiscalía de Estado y a incoar la acción legal, que en forma expresa, contempla el artículo 7º de la ley 1829.
Luego de fundamentar con toda la normativa existente, Piccinini requirió a los funcionarios que en el perentorio plazo de cinco días hábiles administrativos, remita la información pública que le fuera solicitada, caso contrario, se considerará afectada en el ejercicio de su derecho a acceder a la información pública y procederá a realizar la denuncia que contempla el artículo 6º de dicha norma, a fin de que la Fiscalía de Estado de la Provincia inicie el sumario administrativo pertinente.
Por último, la legisladora advirtió que, ante el silencio del organismo, de manera concomitante a la presentación en Fiscalía de Estado considerará definitivamente denegado su derecho y procederá a iniciar la acción legal que expresamente contempla el artículo 7º de la Ley B Nº 1.829, tendiente a satisfacer su necesidad informativa. (ADN)