Piccinini pide inmediata vigencia de ley para empresas petroleras que quieran invertir

Viedma.- La legisladora Ana Piccinini solicitó la inmediata puesta en marcha del procedimiento instaurado en la Ley N° 4818, que establece las bases y condiciones que se imponen a las empresas que quieran explorar o explotar petróleo rionegrino.

“El gobernador resaltó la importancia de la decisión del Gobierno Nacional de crear condiciones económicas financieras para aquellas empresas multinacionales que quieran invertir en la Argentina. Lo hizo hace pocos días, en el marco del decreto N° 929, donde se crea el nuevo Régimen de Promoción de la Industria Hidrocarburífera”, dijo Piccinini.

Recordó que el gobernador expresó: “Justamente este decreto nos viene de maravilla, porque estamos en el medio del proceso de renegociación de los contratos petroleros. Creo que para setiembre u octubre vamos a estar finalizando. Esto genera hacia las empresas un nuevo marco regulatorio que nos va a permitir mayores inversiones.”
Pero, Piccinini señaló: Veo con suma preocupación la rápida ponderación de un decreto que a primera vista pareciera avanzar sobre las facultades de las provincias petroleras”.

“Creo que merecería un análisis menos condescendiente y más objetivo, reclamó Piccinini, para poner a salvo en el “decreto de adhesión”, si esa es su voluntad política, las facultades irrenunciables de la provincia en esta materia, impidiendo o al menos desalentando, cualquier avance sobre nuestras potestades, resguardando los derechos constitucionales que nos obligan frente a nuestros representados, reafirmando que somos autoridad competente para el otorgamiento de concesiones en el ámbito de nuestro territorio”, describió la legisladora.

Agregó: “Ahora bien, el gobierno anuncia que las prórrogas estarán listas en setiembre u octubre, lo que para mí es más que preocupante. Existe una ley en la provincia, la N° 4818, que impone un trámite sumamente tazado para cualquier tipo de disponibilidad que se quiera instrumentar en relación al petróleo como recurso natural”.

“Esta ley diseña las bases y condiciones de la convocatoria a empresas concesionarias que quieran explorar o explotar el recurso, remarcó. La norma impone un modelo de contrato que está diseñado en el anexo II de la misma, crea un Registro de Renegociación de Áreas donde deben inscribirse todas las empresas que tengan esa intención.

La ley les impone respetar los acuerdos que se suscriban en materia de medio ambiente; Compre Rionegrino; Mano de Obra Local; Inversiones de Exploración y Explotación; Pagos por única vez; Pagos Periódicos; Aporte Anual para capacitación , investigación y desarrollo. Estos Acuerdos deben se elevados a la Legislatura para su estudio y evaluación con convocatoria obligatoria a una Audiencia Pública en los términos de la Ley 3132”.

“En esta audiencia pública, la Secretaría de Energía y la Empresa interesada deberán informar sobre el alcance del acuerdo, cuestión para la cual se necesita tiempo. Este Acuerdo sólo tendrá vigencia a partir de su ratificación legislativa. Luego deberá ser sometido en su implementación y desarrollo a una Comisión de Seguimiento que controlará, no solo el cumplimiento de la empresa de todo lo acordado en el contrato, sino el destino de los fondos provenientes de las renegociaciones y su distribución.

“Algo me indica, que los plazos anunciados por el Gobernador no son los previstos en la Ley”.

“Me fue imposible durante estos meses obtener información del secretario de Energía de la Provincia, para saber cómo y en que estadio estaba este proceso de prórrogas y negociaciones. La Legislatura impuso reglas claras y taxativas para el cuidado de un recurso estratégico de los rionegrinos.

“Estas reglas claras deben ser cumplidas respetando los plazos y pasos establecidos en la norma.

“Al decir de I.D.E.S.A (Instituto para el Desarrollo Argentino) lo importante aquí no es la Empresa sino las reglas de juego que se le apliquen. Empresas bien intencionadas bajo regulaciones deficientes, fatalmente generan malos resultados. En igual sentido empresas mal intencionadas no tienen ni siquiera cabida cuando el diseño de las reglas de juego que se aplican es bueno”, concluyó la parlamentaria.