Mandato constitucional ● Nadina Díaz

La elevada cantidad de denuncias y actuaciones recibidas y tramitadas por la Defensoría del Pueblo en general referidas a problemas edilicios en escuelas rionegrinas, pero también a otros temas, que fueron verificados personalmente por esta defensora y por trabajadores del organismo en distintos lugares de la provincia, indudablemente provocó la reacción por parte de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo.

Por ese motivo, me parece oportuno realizar un balance o racconto de lo sucedido y explicar a la luz de los hechos los fundamentos de nuestro proceder.

Éste es un órgano de control, por lo tanto, se analizan con atención las acciones del gobierno provincial para que sean dirigidas en favor de los ciudadanos rionegrinos.

Por ello fue que el día 6 de febrero de este año, desde esta Defensoría del Pueblo, observamos con interés la publicación surgida en medios regionales informando que “a tres semanas del comienzo de clases, el gobierno provincial espera realizar mas de 200 obras en distintos edificios educativos de la provincia, para el comienzo del ciclo lectivo”.

En ese momento aseguramos que “a raíz de visitas realizadas en el mes de enero por personal de este organismo de control se constataron atrasos importantes en las obras y en algunos casos el no inicio de las mismas”. También advertíamos textualmente que ”teniendo en cuenta que solo faltan tres semanas para el inicio del ciclo lectivo, me preocupa sobremanera la posibilidad que no se terminen en tiempo y forma las obras en las escuelas, considerando que el bien a tutelar es la educación de los niños y jóvenes de la provincia”.

En aquella oportunidad, esta sana advertencia no fue bien interpretada por algunos funcionarios, quienes en vez de aceptar la realidad, la interpretaron como una intromisión en su gestión, solicitando a esta defensoría información detallada sobre la identidad de “los agentes que realizaron las visitas y recorridas y con quienes se han reunido.

Lamentablemente los hechos posteriores nos dieron la razón, el apuro en la culminación de los trabajos con tan pocos días para realizarlos, provocó gran cantidad de reclamos y denuncias de padres y docentes que llegaron a esta defensoría preocupados por los problemas edilicios en los establecimientos escolares.

También mencionaron algunas escuelas, donde no se habían finalizado las tareas previstas para el inicio del ciclo lectivo, hecho que provocó la pérdida de días de clases.

En ese sentido como ejemplo podemos mencionar el CET N 1 General Roca, Escuela 43 de Ing. Huergo, Escuela 128 de General Roca, Escuela 336 de Viedma y CEM 45 de Bariloche, entre otras.

Entiendo, que a la luz de los hechos quedan absolutamente descartadas las malintencionadas versiones de problemas personales o de búsqueda de protagonismo por parte de esta Defensora. Sí, debemos rescatar como aprendizaje, que las tareas de refacción y acondicionamiento de los edificios escolares, deben ser previstas con la suficiente antelación y aprovechando todo el receso escolar, para de esa manera no repetir los errores pasados y saber entender que cuando recomendamos o manifestamos nuestra preocupación por algún tema especifico, lo hacemos desde la construcción y para optimizar el desempeño de los organismos del Estado.

No deben quedar dudas que en tanto y en cuanto se advierta un accionar ineficiente por parte del Estado provincial, estaremos interviniendo con toda firmeza y convicción, por ser esta tarea ni más ni menos que el cumplimiento del mandato constitucional.

Defensora del Pueblo
Dra Nadina Díaz