Grave y preocupante ● ADN

carcelLa atención mediática de la campaña electoral por las PASO que el gobierno ha puesto como prioritaria, alentado por el resultado de algunas encuestas, no tendría que ser motivo de despreocupación y desatención de otros problemas que afectan a la población, como el de la inseguridad y la droga, temas preocupantes y graves en Río Negro.

Si bien Alberto Weretilneck guarda una satisfactoria sonrisa cuando observa su imagen positiva que le arrojarían algunas mediciones de opinión, sabe asimismo que no es igual de alentadora la opinión de su gobierno y de la mayoría de las administraciones municipales.

Precisamente en función de administrar al Estado, la seguridad ciudadana está cuestionada. Ya no se trata de la violación domicilia y robos de un juez, intendente, diputado nacional y altos funcionarios, sino de la precarización de la calidad de vida de los habitantes de la provincia.

La inseguridad, tanto en hechos concretos como en sensaciones, es un fenómeno que cubre toda la geografía provincial, por lo tanto es una cuestión de Estado, un problema que afecta a los tres poderes, partidos políticos y a todos los actores sociales.

No hay para esto “tiempos electorales”, distracciones de funcionarios o minimizar en las estadísticas la preocupación ciudadana.

Si se analiza el problema de la inseguridad desde su doble perspectiva de cantidad o números de delitos concretos registrados y desde la percepción o sentimiento de inseguridad que experimentan las personas, se observa que es un problema que afecta de una manera u otra a la mayoría de la población.

Existen estudios que determinan que la violencia como fenómeno, atenta contra el desarrollo y el bienestar del ciudadano. Cuando la población es propensa a sufrir un acto de delincuencia o violencia, va cediendo su felicidad, su capacidad creativa, su interacción social y su productividad. Se generan angustias y resignaciones, perdiendo la capacidad de proyección colectiva.

¿No se da cuenta el gobierno de esta realidad? El ministerio Luis Di Giáccomo no termina de explicitar cuáles son las políticas en seguridad y el rol de la policía a más de un año y medio de la nueva administración.

Hay violencia en la fuerza y uniformados comprometidos con casos delictivos de amplia repercusión social, como el caso Solano, joven jornalero nortino desaparecido en el valle medio, donde está detenido un grupo de policías que a decir de la querella, entre ellos podría estar el o los principales responsables.

Los policías involucrados, en clara actitud corporativa, tienen al gobierno y la fuerza en permanente zozobra. El ministro de Gobierno, responsable de un largo camino de privilegios en el caso Freydoz, hoy toma de su propia medicina, porque los acusados por la desaparición de Solano no cejan en sus reivindicaciones de contar con atenciones especiales, elegir los lugares de detención y exigir beneficios inadmisibles.

El poder político está ausente, los otros poderes son convidados de piedra y la impunidad se instala de manera preocupante, tal como advirtió el propio Obispo de Viedma.

Asimismo las cárceles están superpobladas y en condiciones deplorables, según el Superior Tribunal de Justicia y los propios jueces penales, la fuga es un deporte rionegrino, nunca se informa sobre el resultado de las investigaciones cada vez que un preso se escapa, algunos dicen que siempre están los mismos guardia cárceles, otros que se paga entre 3.000 y 5.000 pesos para llegar hasta la calle. Dentro de las cárceles existen zonas liberadas y la droga presume de impunidad.

Una verdad de Perogrullo es decir que son varias las vertientes que terminan en la inseguridad, como el desempleo, la falta de contención social, los hogares discontinuos y los niveles de pobreza, pero poco se hace en planes sociales interdisciplinarios, cada ministro atiende su juego, cuida su salario y trata de pasar inadvertido.

Se prometieron cambios en la Policía, se instrumentó una conducción civil, se ordenaron las responsabilidades entre la secretaría de Seguridad y el ministerio de Gobierno, pero los cuadros policiales siguen funcionando con lógica propia.

Cada uniformado que está en la calle sabe lo que sucede en su pueblo, Nada se escapa ni se desconoce. Cada barrio tiene puntos estratégicos donde se reducen bienes robados, se consigue droga, se asilan los fugados y se ejerce la prostitución.

Esta es la realidad. Las teorías se conjugan en los despachos oficiales y en la cúpula de la fuerza, mientras el ciudadano es víctima en forma directa de la violencia o vive angustiado con esa sensación que será el próximo.

Vinculado a la droga la semana pasada surgió una polémica por la denuncia de la legisladora Ana Piccinini, sobre la participación policial en el narcotráfico y habló de tener datos de la Justicia Federal.

El gobierno se enojó, pero volvió a carecer de cintura política para atacar el tema. El ministro de Gobierno con sólo cruzar la plaza San Martín podría haber recalado en el edificio de la Justicia Federal para interiorizarse de la situación y conocer los nombres de los varios uniformados rionegrinos sospechados.

El tema droga fue mal mediatizado por el Ejecutivo. Puso en marcha un 0800 para denunciar casos, una metodología utilizada por Weretilneck en Cipolletti cuando fue intendente. Sólo buenas intenciones.

De un teléfono sólo se recogerán denuncias que el gobierno luego remite a la Justicia Federal, o sea que ese 0800 lo puede también poner en práctica un club de barrio, una institución religiosa o filantrópica, incluso la propia justicia. En el teléfono solo habrá delación y el Estado no puede delegar su responsabilidad en la lucha contra la droga.

La “frula” y la “mota” se consumen en Río Negro como en todo el país, como los psicofármacos que se mezclan con bebidas alcohólicas. La policía lo sabe pero no escaparía a las generales de la ley del resto de las fuerzas policiales. No es casual que los jueces estén convocando a la Prefectura en importantes operativos.

En la provincia la Justicia Federal lleva adelante una vasta investigación sobre la venta de drogas, involucrados, cómo llega, puntos de distribución y otros aspectos de la comercialización.

Esta tarea judicial incluye escuchas telefónicas donde estarían involucrados policías rionegrinos e incluso uniformados de la Federal.

Es grave si el gobierno no conoce de esas actuaciones de la Justicia Nacional y podría llevarse una sorpresa cuando acceda a esta información. Si en cambio conoce el tema y lo soslaya es más delicado aún.

La inseguridad, la venta y consumo de drogas en Río Negro es un problema tremendo, muy grave y preocupante para los rionegrinos y sus familias. El Estado en su conjunto debe asumir su responsabilidad y abordar estos temas con profesionalismo, en conjunto con todos los sectores sociales honestos y sin demagogia, sino un futuro trágico le espera inexorablemente a nuestra sociedad y especialmente los jóvenes.