García Larraburu, presentó un Proyecto de Ley de Economía Social y Solidaria

Capital Federal.- La Diputada Nacional Silvina García Larraburu, presentó un proyecto de Ley Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria; el mismo, tiene como objetivo establecer un régimen general para el conjunto de estas actividades, así como también determinar las bases de las políticas públicas para su fomento. Se entiende por Economía Social y Solidaria, al conjunto de prácticas económicas de producción, distribución, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y prestación de servicios, que basadas en relaciones de solidaridad, reciprocidad y cooperación, están dirigidas a satisfacer necesidades y generar ingresos; privilegiando el trabajo humano y el desarrollo sustentable de la comunidad sobre la acumulación de capital. Asimismo, se establece que los sujetos de la economía social (aquellas personas físicas, jurídicas u organizaciones colectivas) deben ser reconocidas por parte del Estado, como como sujetos de derecho, con respeto de sus propias formas de organización.  Por lo cual se deberá adecuar en cada caso las normas de reconocimiento de la personalidad jurídica, a sus realidades y necesidades.

 

La legislación, le otorga una principal preponderancia a los derechos de estos sujetos, con el objetivo de garantizar la plena integración de sus actividades en la economía formal  y  su participación efectiva  en las instituciones que establezcan las políticas públicas del sector. De este modo, se sientan las bases para que participen, en igualdad de oportunidades con otros sectores de la economía, del sistema de seguridad social y de los regímenes impositivos que les correspondan, se organicen económicamente según sus propias formas, tengan acceso a las distintas fuentes de crédito y subsidios, a la capacitación y a la tecnología, y puedan difundir sus valores y conocimientos.   

 

Por otra parte, se estipulan los criterios fundamentales de las políticas públicas de alcance nacional para la promoción y el desarrollo de la Economía Social y Solidaria, estableciendo principios orientadores y reglas básicas para la interacción de los distintos órganos del Estado nacional con los sujetos concernidos y entre sí, en el marco de un Consejo Nacional, que se constituirá como el órgano consultivo de integración transversal encargado de elaborar un Programa Nacional trienal. Los principios orientadores de las políticas públicas se enuncian desde la perspectiva del reconocimiento del interés público que tiene el sector para el proyecto económico nacional. Desde allí debe entenderse la participación activa de los sujetos implicados para la elaboración del Programa Nacional trienal.

 

La normativa establece que la Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social, por concentrar actualmente las competencias más significativas en la materia. Por otra parte, se instaura que será el responsable del Sistema Nacional de Información de la Economía Social y Solidaria, organismo que articulará todos los registros y bases de datos sobre el sector existentes en el país. Finalmente se crea el Fondo Nacional para la Promoción y Desarrollo de la Economía Social, para el financiamiento del Programa Nacional. El mismo, además de incorporar los recursos y partidas que le asigne el Presupuesto Anual de la Administración Pública, estará integrado por el importe que resulte del 1% de los ingresos de la Lotería Nacional.

 

Al respecto, García Larraburu sostuvo que “El proyecto de Ley, emerge como el resultado del trabajo conjunto con distintos sectores de la Economía Social. De sus necesidades y problemáticas, surgió el corpus legal que los reconocerá de manera íntegra y fomentará el desarrollo de este tipo de economía alternativa, a través del despliegue de políticas públicas, con una intensa participación, amplia publicidad y adecuada financiación”. La Diputada finalizó argumentando: “Normativas de estas características ya fueron sancionadas en los países hermanos de la Patria Grande, considero que ha llegado el momento de institucionalizar en la Argentina las políticas sociales que ya se vienen llevando a cabo por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y ampliar las mismas con mayor participación ciudadana; no para enfrentar a la economía tradicional, sino para posibilitar otra manera de asociación, que prepondere el trabajo humano y el desarrollo sustentable de la comunidad, por sobre la lógica del mercado”.

 

La iniciativa de García Larraburu, fue acompañada por los Diputados: Herman Avoscan, Rubén Yazbek, Jorge Rivas, Alberto Ciampini, Omar Perotti, Carlos Donkin y  Juan Carlos Bettanin.