Confirmarían orden judicial para proteger a familia de Los Menucos

Los Menucos (ADN).- El Superior Tribunal de Justicia rechazaría el recurso de apelación que presentó la Municipalidad de Los Menucos contra la sentencia de una jueza de familia que ordenó solución habitacional para una vecina y dos hijos menores. La mujer usurpó una vivienda. El máximo Tribunal judicial podría seguir un dictamen – del 16 de este mes- de la Procuración General que favorecería a la madre de los chicos de nueve meses y ocho años.

Según el expediente judicial, el recurso fue formulado por el abogado Gastón Lauriente, apoderado de la Municipalidad de Los Menucos, contra la sentencia de la jueza de Familia de General Roca, Andrea Tormena, por la que se hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la defensora de Menores e Incapaces en representación de los niños I. J. Q. y L. M. Z..

La acción ordenó a la Municipalidad local y al Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro que “otorguen al grupo familiar una solución habitacional en las condiciones edilicias adecuadas a la situación planteada, respetando las necesidades sanitarias del niño más pequeño…”.

También se ordenó al Ministerio de Desarrollo Social “articular con los organismo pertinentes para asegurar que los niños dispongan de la atención y cuidados que su estado requiera, incluso para posibilitar que la señora Q. cuente con el tiempo y la disponibilidad suficiente para efectuar un trabajo que quizás le permita abonar algún tipo de contraprestación por la vivienda que su grupo familiar necesita”.

El amparo fue presentado por la madre de dos niños de ocho años y de nueve meses y una hija de 19 años, que conforman su grupo familiar, sosteniendo que “han sido vulnerados sus derechos a la vivienda, a una vida digna y a su salud debido a que el grupo familiar se encuentra transitando una situación de graves carencias. Y que luego de solicitar ayuda al municipio de Los Menucos para poder tener un techo para criar a sus hijos, sin obtener una respuesta satisfactoria, usurpó una vivienda en la mencionada localidad”.

Sostuvo que uno de sus hijos tiene problemas de salud, que necesita un ambiente calefaccionado para vivir y que solamente cuenta con la cuota alimentaria de $ 800 por sus hijos mayores.

Por su parte, la jueza de Familia que expresó que en este caso “se encuentran vulnerados los derechos a la salud, a la dignidad y a la vivienda de sus representados”.

Se describió que el niño de nueve meses fue asistido en el hospital, que en varias oportunidades presentó cuadros respiratorios de origen viral con buena respuesta al tratamiento médico y que esos cuadros evolucionan bien en corto plazo y en otras oportunidades son autoresolutivos. En junio de 2012 debió ser internado por un cuadro de gastroenteritis aguda compatible con un brote ocurrido en la población con evolución favorable.

Se trata de un grupo familiar monoparental integrado por su progenitora, su hermana de 19 años y su hermano de 8 años, que subsisten de ingresos de la cuota alimentaria que percibe la madre por sus dos hijos mayores y que la misma se encuentra tramitando la asignación universal por hijo. La mujer “se encuentra fuera del mercado laboral formal”.

En la vivienda donde actualmente habita la mujer y su grupo familiar se filtra el agua cuando llueve y tierra en los días de viento en la cocina y el comedor; la puerta de ingreso desde el patio no tiene vidrio y tampoco lo tienen algunas ventanas de las piezas por lo que se utiliza el chapadur en su reemplazo; la instalación eléctrica es precaria, al igual que mangueras que llevan el agua a un calefactor eléctrico pequeño, representando signos de riesgos para la familia.

No cuentan con instalación de gas domiciliario y utilizan una estufa eléctrica que solo permite calefaccionar uno de los ambientes, generalmente en el que se encuentra el bebé, según detalló el expediente.

A su turno, la doctora Elizabeth Quesada, defensora de Menores e Incapaces, contestó sosteniendo que “la situación real de vulnerabilidad de los niños se encuentra probada” y que “se encuentran lesionados varios derechos constitucionales en la persona de los niños, tales como la salud, la dignidad y la vivienda”. (ADN)

 

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