Nuevo intento de impedir fallo de acceso al Lago Escondido ● Vecinos en defensa costas libres
Nos llama la atención la parcialidad de alguna información publicada con respecto a la medida dispuesta por el Juez Cuellar de Bariloche, en la causa del amparo por el libre acceso al Lago Escondido que está en instancia de cumplimiento de sentencia.
Precisamente esa sentencia es tan clara y quedó tan firme, que no se entiende cómo se sigue intentando tergiversarla. Por eso nos produjo tanta sorpresa enterarnos de la firma del convenio entre el Gobernador de la Provincia y el administrador de la Estancia Lago Escondido, intentando torcer una vez más la decisión de la justicia con respecto al fallo del Amparo presentado hace ocho largos años por la Dra. Magdalena Odarda.
Algún asesor intencionado informó realmente mal al señor Gobernador, haciéndole cometer un error al considerar que abrir un camino de alta montaña en área natural provincial; en zona protegida por la ley de bosques; que es corredor del Huemul, Monumento Natural por Ley 2646, especie protegida en peligro de extinción; en área periglaciar protegida por las Leyes Nacional y Provincial de Protección de Glaciares, entre otras consideraciones, pueda ser el camino de acceso público garantizado por el art. 73 de la Constitución provincial, y que ordena acondicionar el Superior Tribunal de Justicia.
No existe el camino del que habla el acuerdo, y tampoco son verdaderas las alturas que se mencionan, hecho que puede visualizarse fácilmente por medio del google earth, y que confirmamos con el GPS el pasado lunes 24 de junio.
Ya es de extrema dificultad el camino que se inicia en el Rincón de Warthon, luego de cruzar las dos pasarelas semidestruídas sobre los ríos Azul y Encanto Blanco. El que se pretende presentar como cumplimiento del fallo con sentencia firme, sin posterior posibilidad de apelación o retorcimiento, sería de mayor complejidad técnica. Pero esto puede no saberlo el gobernador, que debe confiar en quien le ha aconsejado movido por un interés que no es el de toda la comunidad que pretende acceder a la costa según derecho constitucional.
Es ocioso volver a repetir que el camino inspeccionado el 19 de marzo de 2011 está en perfectas condiciones, solamente deberían reponer el puente sobre el río Azul que desapareció previo a la medida judicial, reparar el vado dragado por el DPA dos semanas antes, y devolver el tramo que ocupa la empresa.
Es éste, además el camino del que habla el fallo del Superior Tribunal de Justicia. Es increíble ver que desde la misma Fiscalía de Estado, que es el órgano de la Justicia que se supone está para defender los derechos del PUEBLO, en el expediente califiquen la pretensión de cumplimiento de ese fallo como mendaz y que la amparista miente al reclamarlo.
Como ciudadanos nos sentimos indefensos ante representantes de la justicia que velan por el interés de un privado en contra de los derechos de toda la comunidad.
El Juez Cuellar, a cargo de la inspección ocular del “camino” propuesto, que en realidad no existe, seguramente apreció las extremadas dificultades técnicas que presenta, además de todas las otras consideraciones ambientales que lo hacen inaceptable.
Por otra parte, es sumamente preocupante enterarnos según una publicación, que el proyecto turístico incluiría un circuito de 6 km de four tracks. Eso en un área con las definiciones ambientales que se citan más arriba.
Es bochornoso que se recurra a cualquier argucia para obtener el consenso de pobladores cercanos a fin de violar lo dispuesto por sentencia firme de la Justicia rionegrina.