Seguirá investigación por presuntos apremios ilegales en Sierra Grande

S.Grande/Viedma (ADN).- Los jueces de la sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma consideraron que no está agotada la investigación derivada de presuntos apremios que habrían ejercido siete policías contra uno de los dos jóvenes acusados por la muerte de un matrimonio de Sierra Grande, ocurrida el 25 de setiembre de 2008.Por ese motivo, los magistrados Jorge Bustamante, Francisco Cerdera y Juan Bernardi hicieron lugar a un recurso de apelación presentado por el abogado del joven Luciano Bertolini y revocaron la resolución que decretó el sobreseimiento de los siete efectivos de la fuerza de seguridad rionegrina.

Por la sentencia Nº 268, del 2 de agosto de 2012, un juez de Instrucción local
ordenó el sobreseimiento total en la causa en favor de Héctor Fabián Llanqueleo, Teófilo José Reyes, Carlos René Entraigas, Pascual Osvaldo Videla, Fernando Daniel Villalba, José Benjamín Ruz y David Nievas. Contra la resolución del magistrado el abogado Carlos Dvozark interpuso un recurso de apelación.

Por su parte, la fiscal de Cámara Adriana Zaratiegui explicó por escrito que está pendiente de investigación establecer la legalidad de la detención practicada por el personal policial, si la misma tuvo por fin la sustanciación de prueba no autorizada por el Juzgado interviniente y que requiriera de ello- cuanto la existencia de orden de detención emanada del agente fiscal (por entonces Marcelo Álvarez) habiendo dictaminado la Fiscalía respecto de la no procedencia del archivo y que, atento no tratarse de autores ignorados,
debía la cuestión dilucidarse en las presentes actuaciones pues, actuación del personal policial, no podía escindirse en todo caso- de dicha orden, resultando inconveniente la formación de expedientes separados”.

En una resolución del 22 de este mes, Bustamante consideró que esta investigación no se encuentra agotada, porque “se ha focalizado en una parcela de la actuación de la Policía y respecto de ello ha de prosperar el recurso interpuesto por la querella”.

Detalló que el querellante también solicitó la revocatoria de la sentencia
en crisis, al señalar “contradicciones en los testimonios incorporados y que se
ha ignorado el que consideran como “testimonio más importante”, de quien es único testigo directo del hecho.

Bertolini refirió a una medida probatoria que ha solicitado y que no se ha hecho lugar, consistente en el expediente obrante en el Consejo de la Magistratura, iniciado por la denuncia de su madre, en mayo del 2011, contra el entonces fiscal Álvarez por presunta detención ilegal y apremios a su hijo. Por eso, pidió se revoque la sentencia a favor de los siete policías.

En el reciente expediente se consignó que tanto la Fiscalía de Cámara como la querella hicieron hincapié que existe prueba pendiente de producción, sin perjuicio de las observaciones que efectúa esta última sobre algunos testimonios receptados en la causa.

“El sobreseimiento dictado aparece como apresurado en virtud que no se ha agotado la investigación ya que surge palmariamente que existen medidas probatorias que necesariamente deben producirse y han sido indicadas por la parte querellante”, sustentó Bustamante.

El magistrado refirió que la Sala se ha pronunciado reiteradamente, en concordancia con la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia, que no corresponde el dictado de sobreseimiento cuando existe prueba pendiente de producción porque no puede considerarse agotada la investigación, con la expectativa procesal que de la misma puede surgir, además, la necesidad de sustanciar nuevas medidas probatorias.

El doble homicidio de Sierra Grande, de los comerciantes Miguel Padilla (71) y su esposa, Lucía Rodríguez (68) aconteció el 25 de setiembre de 2008. Tres años después, la fiscal viedmense Daniela Zágari archivó la denuncia que efectuó la madre de Bertolini contra Álvarez por presunto mal desempeño. (ADN)

 

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