Restitución de tierras: Casadei y González señalan que se perjudica estrategia provincial

Viedma.- Los legisladores Adrián Casadei y Francisco González, del bloque Alianza Concertación, fundamentaron hoy en el recinto la negativa de la bancada a acompañar el proyecto de ley que restituye al Estado provincial 24.648 hectáreas, de origen fiscal, que se encuentran en la Meseta de Somuncura.
Casadei argumentó la necesidad de requerir la opinión del fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, sobre la iniciativa y consideró que la sanción perjudica a estrategia político-judicial de la provincia respecto de este tema.
Por su parte, González leyó una nota que Bergonzi envió ayer al bloque Alianza y por la cual desaconseja la sanción de la ley.

Inicialmente, Casadei recordó que fue él quien llevó adelante la creación de la comisión de investigación de tierras fiscales y destacó que en la nueva conformación se trabaja en forma prolija y profunda.
Inmediatamente, destacó que “no podemos acompañar este proyecto porque una ley no es el mecanismo para anular un acto administrativo del Poder Ejecutivo”.
Refirió que por la Disposición Nº011/12, de la Dirección General de Tierras, del 15 de mayo del 2012, se resolvió remitir a la Fiscalía de Estado las actuaciones para que inicie las acciones legales necesarias destinadas a obtener la declaración judicial de nulidad de las disposiciones Nº558, del 14 de diciembre de 2006, y Nº35 del 2 de febrero de 2001.

Una de esas disposiciones rechazó en lo sucesivo el pago de sumas de dinero en concepto de cuotas hipotecarias por parte del adjudicatario Mauricio Alejandro Montes.

“Dichas irregularidades tornarían nulas de nulidad absoluta el acto administrativo mediante el cual se adjudicó en venta. Es decir, el propio Poder Ejecutivo lo determinó por resolución.. . y el fiscal de Estado inició una acción de lesividad, pidiendo la nulidad de los actos administrativos en la causa iniciada contra Montes”, describió el legislador de la Alianza.

Agregó: “No solo esto, sino que el fiscal de Estado ha informado que el Tribunal (Cámara Civil Comercial y Minería de Viedma) ha dictado una medida cautelar disponiendo no innovar y ordenando a Montes que se abstenga, antes de la terminación del proceso, de cualquier acto o disposición y administración sobre las tierras”.

“Creemos que de alguna manera nos estamos dirigiendo mucho más allá de las facultades que pueda tener la Legislatura”, remarcó Casadei y ponderó “que sea la Justicia la que determine en esta causa los responsables de alguna irregularidad y determine sus sanciones penales y la restitución, por el hecho de levisidad, de las tierras a las provincia”.

Consideró necesario consultarle opinión al fiscal de Estado y le extrañó “que no haya venido a la Legislatura ni enviado a alguien a la comisión para confirmar si estaba o no de acuerdo con esta ley y si beneficia a la estrategia judicial oficial o ni la perjudica”.

Finalmente, Casadei reiteró que su bloque no acompañar el proyecto, porque “con la sanción estamos perjudicando una estrategia político-judicial de la provincia”.

Inmediatamente, González recordó que durante la reciente reunión de la comisión de Planificación y Asuntos Económicos, efectuó el planteo de la posibilidad de escuchar la opinión del fiscal de Estado y la estrategia de la provincia sobre esta cuestión y que el proyecto siguiera en comisión para su análisis.

Expuso además que la Fiscalía de Estado se encuentra accionando judicialmente, mediante una acción de lesividad respecto de los actos administrativos que la norma proyectada aspira a nulificar y que, en este contexto, “hemos advertido que no obra opinión de ese organismo acerca de la legalidad del proyecto de ley”.

Describió que fiscal de Estado envió ayer al bloque un correo electrónico, recibido a las 18,54, por el cual pone en conocimiento que “desde la Fiscalía de Estado hemos iniciado una acción judicial de lesividad dirigida contra Mauricio Alejandro Montes, con la finalidad de obtener la nulidad de varios actos administrativos…”

“Perseguimos que el Poder Judicial decrete la nulidad de esos actos a fin de que la tierra malvendida por la provincia vuelva a su patrimonio y más allá que la finalidad buscada por los legisladores haya sido plausible viene a perjudicar la estrategia de la provincia en el pleito, la que es claramente no afrontar indemnización alguna con el recupero de las tierras”, consignó el funcionario provincial.

Sostuvo también que “la Legislatura carece de competencia para nulificar un acto administrativo, máxime de otro poder del Estado y cualquier medida que limite la propiedad conlleva una indemnización”.

Concluyó: “Desde la Fiscalía desanconsejamos que los proyectos mencionados se conviertan en leyes”.

Por eso, González mencionó que esta nota da respuesta a las dudas que tenían los legisladores Ricardo Ledo y Adrián Casadei, por lo cual sería relevante una moción de orden para que este proyecto vuelva a comisión y se pueda escuchar la opinión del fiscal de Estado.