Renuevan convenio en demorado relevamiento de comunidades originarias

Viedma.- El ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, firmó hoy en Viedma con autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) un nuevo convenio para terminar el relevamiento de las comunidades de pueblos originarios establecido en la ley nacional 26.160.

Cumplida una primera etapa donde se relevaron unas 60 comunidades, ahora se prevé abarcar un número similar para culminar el trabajo en la provincia, con una inversión de unos 6 millones de pesos y un plazo de dos años.

Participaron de la formalización del acuerdo el coordinador general del Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI), Emiliano Reynoso; el secretario de Gobierno, Ariel Gallinger; el secretario ejecutivo del RETECI, Claudio Madrussan, y la coordinadora regional del RETECI, Lorena Paponet.

Estuvieron presentes además el técnico regional del RETECI, Emiliano García; los técnicos territoriales del INAI, Yamila Sabatier y Marcelo Cayumil; el representante del Consejo de Participación Indígena Nacional, Juan Carlos Carrilaf, y los vocales gubernamentales del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI), Juan Manuel Ríos y Néstor Collumilla.

Reynoso destacó que “estamos asumiendo la segunda y última etapa del relevamiento de comunidades indígenas, ya se relevaron 60 y ahora pensamos cubrir otras 60; esperamos ser más operativos y completar esta tarea en un plazo más corto que en el proceso anterior”.

Recordó que “la ley nacional 26.160 tiene por objetivo central poder relevar lo que es la ocupación actual tradicional y pública de las comunidades, y además tenemos herramientas en donde con las comunidades vamos trabajando el proceso histórico de lo que se ocupaba, su ocupación ancestral, cuál era la relación con ese territorio que hoy ocupa pero que quizás antes era más amplio”.

Agregó que “como relevamiento tratamos de reunir toda la información que los pueblos originarios tienen en su saber, en su conocimiento, y por el momento definir la ocupación actual para luego generar también otras políticas en relación a los territorios”.

Sobre esta segunda etapa informó que “vamos a tener un equipo general de 20 a 25 técnicos, con una sede en San Carlos de Bariloche y otra en Viedma. El trabajo se realizará con tres equipos simultáneos, con un plazo de dos años, y un presupuesto de aproximadamente 6.200.000 pesos”.

Respecto a si se prevé una nueva prórroga de la ley nacional 26.160, teniendo en cuenta que la actual vence en diciembre de este año, señaló que “la norma está desde el 2006 impulsada por la entonces senadora Alicia Kirchner y el Gobierno Nacional; en el 2010 se decidió una prórroga a través de la ley 26.554 y ahora, teniendo en cuenta que faltan comunidades para relevar, ya que por este trabajo más comunidades han salido a la luz, han salido de su invisibilidad, estamos trabajando para una nueva prórroga”.

Reynoso recordó que “la ley 26.160 tiene dos aspectos, el primero que es una norma de emergencia y prohíbe todo desalojo de los pueblos indígenas de sus territorios o de las tierras que están ocupando, que es una de las cuestiones más importante para las comunidades, y por otro lado ordena este relevamiento”.

Por último agregó que “se está trabajando otra ley, que sería un segundo paso a la 26.160, que permitirá el otorgamiento de los títulos comunitarios a los pueblos originarios”.