La Legislatura aprobó la restitución al Estado de tierras en la Meseta de Somuncura

Viedma.- El Parlamento provincial aprobó, en primera vuelta y por mayoría, la iniciativa que dispone la nulidad de dos actos administrativos ejecutados por la Dirección de Tierras de la Provincia en los años 2006 y 2007, en los que se adjudicaron más de 24 mil hectáreas en la Meseta de Somuncura en forma irregular, y establece la restitución al Estado provincial de esas tierras.

La autoría del proyecto fue compartido con su propulsora, Magdalena Odarda (ARI), por los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) César Miguel, Martín Doñate, María Gemignani, Silvia Paz y Silvia Horne, y modificado en su articulado.

Miguel, como presidente de la comisión legislativa para el Relevamiento de Transferencia de Tierras Rurales que investigó el caso, explicó las irregularidades que se dieron en la venta de tres parcelas de tierras fiscales, por un total de 24.648 hectáreas ubicadas en Colonia Pastoril Chilabert del Departamento de Valcheta, a un propietario y a 9,18 pesos por hectárea.

En este sentido, indicó que el adjudicatario, además de pagar un “precio vil” por estas tierras con un plan en cuotas, de las que efectuó solamente la primera y con un diez por ciento de descuento.

A su vez, la cantidad de parcelas cedidas exceden el límite impuesto por decreto para esta región, que fija la unidad económica productiva en 15 mil hectáreas, “casi 10 mil hectáreas de más”, afirmó. A su vez, la entrega de tres lotes también se contrapone con lo dispuesto en la ley de tierras (Nº279), que dispone una unidad productiva por persona.

El propietario tampoco cumplió con la obligación de residir en el predio ni de producir la tierra como elemento de producción conforme a lo estipulado en esta ley.

Una irregularidad importante señalada fue la falta de intervención del ex CODEMA en el trámite de adjudicación de acuerdo a que los lotes en cuestión están ubicados en un área natural protegida. Asimismo, se otorgó el título de propiedad antes de los 5 años que establece la ley y sin haber cancelado la hipoteca.

Miguel afirmó que de los 15 casos más conocidos en la provincia, éste “es el más emblemático, no solamente por la cantidad de hectáreas sino también por su precio”, y resaltó que “lo que se ha hecho es malversar un bien común de todos los rionegrinos“.

Por su parte, la legisladora Odarda afirmó que “es un día histórico para la Legislatura de Río Negro porque este proyecto reivindica la facultad soberana que tiene el Estado para recuperar tierras que fueron indebidamente entregadas a algunos empresarios muy conocidos en esta provincia, lamentablemente con la anuencia de algunos funcionarios cuya actuación es hoy objeto de análisis de la Justicia”.
Odarda manifestó que esta acción es “la puerta que se abre para seguir recuperando tierras y es parte de un entramado mayor que es el proceso de concentración de la tierra”.

Ricardo Ledo (UPRN) y Adrián Casadei (ACD) adelantaron el voto negativo de sus bloques a la iniciativa, no por un desacuerdo con el espíritu de la misma, sino por no coincidir con el mecanismo para la resolución.

Los legisladores afirmaron que debido a que el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, inició acciones de lesividad pidiendo la nulidad de los actos administrativos de la Dirección de Tierras, esta norma puede ocasionar perjuicios en el accionar judicial.

En el mismo sentido, ante la pregunta que le dirigió por la conveniencia de llevar adelante esta ley, el legislador Francisco González (ACD) leyó a la Cámara la respuesta de Bergonzi, siendo ésta negativa al procedimiento llevado a cabo por el Parlamento.

En este contexto, el legislador solicitó una moción de orden para retirar el expediente en tratamiento y solicitar su regreso a comisiones, pero fue rechazada por la mayoría.

En respuesta, la legisladora Silvia Horne (FpV) expresó que este proyecto se enmarca en la voluntad política del gobierno provincial, encabezado por Alberto Weretilneck, y afirmó que si esta Legislatura constituye una comisión investigadora y de forma documentada demuestra que “se trata de una enajenación ruidosa para la Provincia”, no hay que esperar para emitir una ley.

Por su parte, Martín Doñate (FpV) recordó los objetivos por los que fue creada la comisión investigadora de Tierras Rurales, “que no sólo eran para conocer el mapa de situación, sino además para tener la posibilidad y la capacidad de acción para lograr, en los casos donde identificáramos una clara irregularidad, que el Estado tenga una acción determinante para recuperar esas tierras para el patrimonio de los rionegrinos”.

Por último, tanto Arabela Carreras como Pedro Pesatti (FpV) afirmaron que el proyecto se enmarca en la política de Estado que se está llevando adelante por parte del gobierno provincial para la recuperación de tierras y que la iniciativa se analizará y debatirá antes de su segunda vuelta para su perfeccionamiento.