Buscan garantizar contención económica y social a familias víctimas de violencia familiar

Viedma.- Un proyecto de ley que presentaron legisladores del bloque Alianza Concertación busca garantizar a las familias rionegrinas que se encuentran en situación de violencia familiar el derecho a recibir contención económica y social por parte del Estado provincial, en el marco de las disposiciones de la Ley D 3040 y su decreto reglamentario.
De ese modo, el Estado garantizará las condiciones básicas que permitan una vida libre de violencia a las víctimas y en especial a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo físico, emocional o social como consecuencia de la violencia familiar.

La propuesta fue presentada por los legisladores Cristina Uría, Marta Milesi y Alejandro Betelú, quienes impulsan que para atender las necesidades, consecuencias y efectos originados por la situación de violencia familiar, se implemente la protección y el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales, la asistencia económica necesaria para afrontar los efectos de la situación de violencia, el acceso a recursos de alojamiento, tanto de emergencia o urgencia como de acogida temporal y la inclusión en los planes educativos, de formación o capacitación y de empleo.

Los tres legisladores recordaron que en el año 1996 el Parlamento rionegrino dio tratamiento a la ley de atención de la violencia doméstica, en la cual se estableció el marco preventivo y el procedimiento judicial para la atención de la violencia e implementar la política social de prevención y protección a las víctimas de esa situación en la provincia de Río Negro.

Por entonces, fue sancionada la Ley 3040, en el marco del reconocimiento de la violencia familiar como un problema social de gran magnitud, regulando diferentes cuestiones relacionadas con la protección y atención de las familias que están inmersas en situaciones de violencia doméstica. Con posterioridad, se complementó la legislación con la reglamentación, puesta en marcha por los poderes Ejecutivo y Judicial.

Refirieron que años después comenzó a plantearse la necesidad de reformar la Ley 3040 y que a fines de 2003, un grupo de legisladoras del bloque Alianza propició la modificación de esta norma. En diciembre de 2007, se sanciona la Ley 4241 que sustituyó integralmente el texto de la ley sancionada en 1996, actualmente incorporada al Digesto Provincial de Normas Provinciales como Ley D 3040.

También explicaron que desde el Poder Ejecutivo Provincial se redefinió la reglamentación y el diseño de un nuevo modelo de atención de la violencia, ya que el esquema anterior quedaba prácticamente derogado con la nueva legislación. En mayo de 2010, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 286 reglamentario de la Ley D 3040 y de creación y puesta en funcionamiento del Programa Provincial de Prevención, Erradicación y Atención de la Violencia en la familia.

Según los equipos técnicos que trabajaron en la revisión normativa y que acompañaron el proceso de reforma tanto desde ámbitos legislativo y del Poder Ejecutivo, era imperiosamente necesario un cambio de concepciones doctrinarias y legales que guardara coherencia con el cambio de paradigma que se estaba produciendo en torno a la concepción de la violencia familiar a nivel mundial.

De esta manera, la nueva legislación vigente en Río Negro, incorpora estos nuevos conceptos, abandonando definitivamente la idea de la violencia como un problema exclusivamente de la familia, para reconocer como un problema social que requiere en forma imprescindible la atención del Estado provincial.

BAC