Presentan proyecto para garantizar pleno ejercicio de libertad de expresión en RN

Viedma.- La provincia de Río Negro garantiza en su territorio el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de opinión y la vigencia absoluta de la libertad de prensa, conforme a los principios que establecen la Constitución Nacional, los tratados internacionales que la integran y la Carta Magna rionegrina.

Así proponen estipular en un proyecto de ley los legisladores de la Alianza Concertación Adrián Casadei, Dario Berardi, Bautista Mendioroz, Alfredo Pega, Héctor Funes, Francisco González, Daniela Agostino, Alejandro Betelú, Leonardo Ballester y Cristina Uría.

Destacaron que las libertades de prensa y de expresión son garantías constitucionales expresamente consagradas por la Constitución de la Provincia de Río Negro, en consonancia con las prescripciones de la Constitución Nacional, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y normas concordantes de Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional.

Expresaron también que esas normas “suman un bloque de constitucionalidad de las libertades de prensa y de expresión entendidas como pilares de la democracia en un estado de derecho”.

Agregaron: “Tales garantías constituyen además la salvaguarda de las restantes libertades y derechos constitucionales, resultando asimismo esenciales para la existencia del sistema republicano, en tanto constituyen herramientas necesarias tanto para el pleno ejercicio de los derechos como también para el debido control de los actos de gobierno, haciendo posible su conocimiento por los ciudadanos”.

Recordaron que recientemente se han dictado por parte de los Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Córdoba, sendos decretos de naturaleza legislativa, mediante los cuales se apunta a garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa (Decretos DNU Nº 2/2013 y Nº 525/2013 respectivamente.), que “nos motivan a seguir la línea por aquellos iniciada, de garantizar tales libertades y derechos, visibilizándolos ante la sociedad, y colocando esta cuestión en la agenda pública provincial”.

“Retomando el marco jurídico constitucional sobre el que se cimentan estas garantías, vemos que es el artículo 14 de la Constitución Nacional el que consagra el derecho a publicar ideas por la prensa sin censura previa; derecho que ha sido interpretado por la doctrina y la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal en forma amplia, abarcativa de cualquier tipo de contenido (ideas, noticias, opiniones, expresiones artísticas o culturales, entre otras) y de medio o soporte técnico (prensa escrita, radio, televisión, Internet y cine”

Describieron también que el 14 de este mes el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del decreto de necesidad y urgencia Nº 2 aprueba el “Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión”, entendiendo que el adecuado ejercicio de los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa resultan imprescindible en toda sociedad democrática, pero muy en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la diversidad y pluralidad en su conformación exige un especial cuidado a la hora de resguardar la existencia de los canales y medios de comunicación apropiados para esas manifestaciones”.

Señalaron que “en los últimos días se han registrado ataques contra dos de los pilares de un sistema democrático: la independencia de la Justicia y la libertad de prensa”.

“Las amenazas y hostigamiento a que han sido sometidos periodistas y medios de comunicación, evidencian una situación de peligro inminente para una de las más importantes libertades que garantiza el Estado de Derecho. Más allá de la gravedad individual de cada uno de estos hechos, es el conjunto de ellos lo que permite afirmar la seriedad de la situación en materia de libertad de expresión. Se enfrentan y tensionan derechos procurando generar conflicto entre ellos, que torne en superior a uno de ellos sobre los otros, cuando lo lógico en un estado de derechos es que reine el equilibrio, y en caso de conflicto, sea la Justicia la que nos indique cual es el punto de equilibrio entre ellos”, consignaron en la propuesta de ley.

Paralelamente, el 17 de este mes el Gobierno de la Provincia de Córdoba dispuso una norma similar, el decreto Nº 525 dictado en acuerdo general de ministros, apuntando a garantizar similares derechos y libertades de opinión y de prensa, no ya regulando con especificidad el ejercicio de tales libertades, sino contorneando más definidamente las restricciones que la autoridad pública posee, cuando de tales derechos se trata.

Los legisladores de la Alianza resaltaron la vigencia de Tratados Internacionales sobre la materia, que gozan de jerarquía constitucional y dan especial y específica protección a la libertad de expresión, con carácter de esencial para el sistema republicano y democrático.

BAC