Teatro antidisturbios ¿Vencedores vencidos? ● María Elena Ochoa

Policías antimotines, disparan indiscriminadamente sobre civiles desarmados entre ellos los pacientes con sufrimiento mental residentes en el Hospital Borda. Uno de ellos presenta más de veinte escoriaciones de balas de goma, otros dos tienen que ser derivados para su internación en el Hospital Ramos Mejía por heridas similares. Otra persona mayor con limitaciones en su movilidad es arrastrada tres cuadras mientras se la golpea con su propio bastón. El fotógrafo que registró el asesinato de Kosteki y Santillán es detenido y esposado, pese a estar debidamente identificado y trabajando. Pacientes con sufrimiento mental, trabajadores de la salud, sindicalistas, periodistas, profesionales y legisladores forman parte de los más de cincuenta heridos, veinte de ellos internados, y de los ocho detenidos por la Policía Metropolitana de la CABA, que ejerció una vez más su siniestra agresión, para perpetrar un acto ilegal e ilegítimo.

¿Dónde quedaron el respeto por las garantías constitucionales, los Derechos Humanos de los pacientes, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Nacional de Salud Mental 26657, la Ley de Salud de la CABA Nro. 153 y la Ley de Salud Mental de la CABA Nº 448?

Los autoproclamados guardianes del orden monstruosamente cuerdos, dedicados a reprimir sin disuasión previa, son los mismos personajes que actuaron durante la dictadura militar, dispuestos a subvertir las leyes y vulnerar los fallos judiciales en defensa de los “negocios inmobiliarios” de los poderosos de turno. Nuevamente han concretado otro de sus habituales “excesos” desenfrenados, han quebrado un nuevo límite, respetado aún en las guerras, donde los hospitales son marginados de cualquier acción terrorista.

Los registros multimediales disponibles, ilustran la desproporcionada iracundia ejercida por los estos energúmenos uniformados, provocando, amenazando, sin medir las consecuencias.

No puede existir mayor inseguridad que la de comprobar que el propio Estado Metropolitano y su estructura represiva institucional accione contra quienes defienden la vida y la salud pública, cercenando su libertad de expresión.

El Ministro de Salud de la Nación, declaró “La razón de ser de los hospitales es cuidar la salud de las personas y no lastimarlas o agravar sus padecimientos, como sucedió hoy con la Policía Metropolitana en el Borda“ concluyendo que «es un despropósito absoluto que desde el Estado se ordene blandir armas dentro un hospital».

La Justicia porteña dictaminó que el agresivo procedimiento empleado vulneró una medida judicial vigente de protección del espacio del Hospital Psicoasistencia Interdisciplinario José T Borda, afirmando en su fallo que la conducta evaluada “no puede considerarse meramente negligente sino como evidencia de una verdadera intención de desconocer las decisiones judiciales” y que “demuestra la desmesura e inoportunidad del curso de acción adoptado”. Seguidamente resuelve imponer una multa de 20 mil pesos por cabeza al Jefe de Gobierno, al ministro de Desarrollo Urbano, y al procurador general del gobierno porteño por “grave incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “desobediencia a un fallo judicial”.

Todo comenzó con el allanamiento y el uso de topadoras para demoler el Taller Protegido 19, único taller intrahospitalario, donde se desarrollan tareas de rehabilitación y se enseñan oficios a los pacientes. Frente a los naturales reclamos, la Policía Metropolitana desplegó una ferocidad inusitada y desproporcionada inscripta en las peores tradiciones de “gatillo fácil” e impune. Las embestidas incluyeron disparos de balas de goma, gases lacrimógenos, golpes con palos y detenciones arbitrarias que dejaron como dantesco saldo instalaciones sanitarias destruidas, los más elementales derechos humanos y civiles conculcados, y la dramática conclusión de que no existe lugar alguno donde los marginados, los desvalidos y aún las personas con sufrimiento mental, puedan considerarse cuidadas, protegidos y a salvo.

Resulta inaceptable que en plena democracia se envíen trescientos efectivos armados al lugar donde se atienden pacientes con sufrimiento mental porque es razonable prever que la crispación derivada agrave su estado, o que resulten lesionados como efectivamente ocurrió con muchos de ellos. Cuando se hayan curado las heridas físicas todavía deberemos enfrentar durante meses las secuelas producidas por la exposición a la violencia extrema.

Los psicólogos, los profesionales y trabajadores de salud intentamos superar nuestro indignado asombro, para repudiar el cobarde ataque y reclamar las garantías más elementales de los derechos de nuestros pacientes, de sus familiares y de nosotros mismos en los espacios de trabajo sociosanitarios. Repudiamos con similar convicción los ataques contra trabajadores, sindicalistas, periodistas, fotógrafos y legisladores agredidos, que cumpliendo arriesgadamente con sus respectivas misiones, se comprometieron, dan testimonio y nos permiten tomar conocimiento de lo acontecido.

Solidarizándonos con las víctimas de este daño imperdonable, demandamos que el interpelado gobierno porteño responsable de estas nuevas tropelías, deje de lado la hipocresía y la soberbia con la que profundiza y persiste en sus errores, se disculpe ante la ciudadanía y asuma en forma plena sus responsabilidades éticas y políticas, descalifique los desmanes verificados, disponiendo inmediata condena y amplio castigo de los culpables, brindando garantías plenas de que este incalificable tipo de bajezas no volverán a repetirse.

Lic. María Elena Ochoa

Presidente del Colegio de Psicólogos del Valle Inferior de Río Negro.