De Justicia, presiones políticas y premios ● Leonardo Ballester

En tiempos en que la tan buscada por todos “democratización de la Justicia” ocupa un lugar destacado en la agenda política, lamentablemente en Río Negro vemos cada vez más presente la “politización de la Justicia”.

La necesidad de la presencia de una justicia adicta al poder político ha quedado demostrada con la reciente designación de jueces y magistrados que han hecho bien los deberes para con el Gobierno del Frente para la Victoria, sobre todo los vinculados con la causa en la que se investiga el pago de adicionales en la anterior gestión.

Ha quedado demostrada la complicidad entre el ex fiscal Marcelo Álvarez y el ex juez Carlos Reussi con los sectores del justicialismo que impulsaron en el 2011 la causa por el cobro de adicionales. Ambos fueron premiados con sus anhelados ascensos en la carrera judicial.

Es un secreto a voces que recorre los pasillos de Tribunales el hecho que los cargos a los que ascendieron Carlos Reussi como juez  de Cámara y Marcelo Álvarez como fiscal General, son el ‘reconocimiento’ por el compromiso asumido con dirigentes del Frente para la Victoria por el trabajo que hicieron para transformar una cuestión política en una causa judicial, como lo fue la relacionada con el pago de adicionales, mal llamados sobresueldos.

Estamos convencidos que la causa de los adicionales va camino a lo sobreseimientos de los ex funcionarios procesados, pero tampoco hay que olvidarse de las presiones cada vez mayores que el oficialismo está ejerciendo sobre la Justicia, sobre todo con el impulso ahora a la denominada ‘democratización’, que no esconde otra cosa que la búsqueda de una justicia adicta.

No obstante, en el caso que se confirmen los procesamientos y la causa sea elevada a juicio oral y público, con igual criterio la Justicia podría llamar a dar explicaciones a los Presidentes de la Legislatura por una causa de similares características que se encuentra radicada en la Justicia. Esta situación fue expuesta en la Justicia en marzo del año pasado, pero nada se avanzó al respecto. Precisamente, el fiscal y el juez de la causa de los adicionales tuvieron la oportunidad de ahondar en esta otra denuncia, pero nada hicieron para dilucidar esa situación.

Nadie, ni siquiera en la Justicia, desconoce que en la actualidad se pagan bonificaciones que son las mismas que cobraron los funcionarios de la gestión anterior. Son las becas y las sumas no remunerativas que se liquidan en cada salario de cada uno de los funcionarios públicos, pero lamentablemente, sabemos que los jueces han decidido mirar para otro lado, algunos presionados por las públicas amenazas de algún dirigente,  y otros beneficiados por los ascensos por haberle dado a la denuncia del año 2011 una entidad jurídica que se caerá a pedazos cuando revoquen los procesamientos, o bien en el juicio oral, cuando se muestren las caras de quienes están detrás de esta infame política persecutoria.

No nos equivocábamos cuando hablábamos de la ‘politización de la justicia’ y el deterioro que ello significaba para el sistema republicano y la división de poderes. Sin dudas, en esta causa hubo funcionarios judiciales y magistrados que pusieron a la Justicia al servicio de un partido político, sumándose así a la campaña del Frente para la Victoria con la complicidad de algunos medios de difusión.

Hoy, dos años después, se cumple lo que anunciábamos en ese momento: que el por entonces fiscal y el entonces juez recibieron su ‘merecido premio’ por hacer lugar a una causa inventada.

Ese premio no es ni más ni menos que los nuevos cargos para los que fueron designados días atrás, recibiendo así lo que seguramente les prometieron a la hora de sumarse a la campaña del Frente para la Victoria.

 

Leonardo Ballester

Legislador Provincial

UCR CpD