Piden a fiscal que secuestre expedientes oficiales por obras públicas
Viedma (ADN).- La denuncia que ayer formularon legisladores de la Alianza contra el ministro de Obras Públicas, Fernando Vaca Narvaja, y el secretario del área, Alejandro Echarren (ex funcionario de Patagones), apunta a conocer pormenores de la ejecución de trabajos sin la presunta debida firma de los contratos para los planes oficiales Puesta en Marcha 2013 y Obras Menores en Establecimientos Educativos 2013, pero al mismo tiempo requirió a un fiscal el secuestro de expedientes.
Los legisladores denunciantes -Hugo Funes, Cristina Uría y Francisco González- indicaron haber tomado conocimiento que las obras que comprenden los expedientes “se encuentran en plena ejecución o ejecutadas, sin que a la fecha de interposición de esta denuncia se haya concluido con el trámite administrativo de adjudicación”.
Por eso, solicitaron el secuestro de los expedientes para eventuales “constatar anomalías”.
También, expusieron ante el fiscal en turno de Viedma que se instruya a una comisión para que verifique en el lugar a cada escuela para ver si están ejecutando las tareas o si han sido realizadas, en su caso qué empresas y en qué tiempo.
El requerimiento incluye la certificación a través de la presencia de testigos y muestras fotográficas y fílmicas de cada establecimiento educativo involucrado por la denuncia.
“Con la ejecución de obras sin la correspondiente aprobación administrativa consumada, los funcionarios públicos involucrados han omitido deliberadamente la autoridad confiada por el decreto de su designación, perturbando el orden regular de la administración pública”, consiga la documentación difundida por los tres legisladores de la oposición.
Agrega: “Se ha concertado en forma irregular, informal e ilegalmente con contratistas del Estado la práctica de obras de utilidad pública en los establecimientos educativos que conforman los programas Puesta en Marcha 2013 y Obras Menores en Establecimientos Educativos 2013, echando por tierra las disposiciones de la Ley J 286 y la Ley de Administración Financiera”.
“Esta práctica, al parecer de uso habitual por el nuevo Gobierno provincial, merece la atención del fiscal no solo en los funcionarios denunciados, sino también en las empresas contratistas que han aceptado el inicio de las obras sin la correspondiente contratación, toda vez que dicha conducta podría encuadrarse en alguno de los delitos tipificados por el Código Penal”, indicaron los legisladores de la oposición. (ADN)