Avoscan y la nueva cautelar:“La Cámara va contra la doctrina de la Corte”

Capital Federal.- El diputado nacional Herman Avoscan (FpV) cuestionó el fallo de la Cámara Civil y Comercial de Buenos Aires que prolongó la medida cautelar que beneficia al grupo Clarín, y destacó que “va contra la propia doctrina de la Corte Suprema de Justicia”, organismo que en varias oportunidades “se pronunció para que se defina la cuestión de fondo”.

“La Corte Suprema a través de tres acordadas firmadas por unanimidad recordó a los jueces de todo el país que las medidas cautelares no pueden reemplazar a las medidas de fondo. En vez de avanzar en ese sentido, la Cámara vuelve a dictar una sentencia dilatoria, en una interpretación arbitraria, polémica e injusta”, puntualizó.

Para el legislador – vicepresidente segundo  de la Comisión de Comunicación- los integrantes de la Sala Primera “se arrogan de esta manera facultades que no les son propias, avanzando sobre atribuciones del Congreso al crear un espacio de atemporalidad y de privilegios para un grupo económico sin ponerse colorados”.

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “se sancionó hace tres años para democratizar el contenido de las comunicaciones y la propiedad de las señales, adecuando el marco normativo al que ya existe en países tan serios como Estados Unidos, Francia y España”. En tal sentido, Avoscan sostuvo que “quienes dicen luchar por la “libertad de prensa” le están negando a los argentinos la posibilidad de contar con una ley antimonopólica, con criterios similares a los que desde hace décadas se vienen utilizando en los países capitalistas y liberales como los del Europa y Estados Unidos. Pero por medio de un travestismo mental increíble, acá se presentan como los primeros defensores de la libertad”.

“En esos países se acepta que un grupo económico no puede tener más del 35 % del mercado; y en nuestro país un solo grupo hegemoniza sobre el 50 % del mercado de la TV abierta, las radios y la TV por cable”, enfatizó.

El diputado nacional comentó que “lo que está en juego es la posibilidad del Estado democrático y republicano de establecer las reglas de juego a las grandes corporaciones. El Estado, que representa a la sociedad en su conjunto, no puede perder esta pulseada porque significaría que esos grandes intereses económicos pueden resolver en nombre de la sociedad. Y ya sabemos qué pasa y quién pierde cuando eso ocurre”.

 

PHA