¿Vuelve la caza de brujas? ● ADN

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social admitieron  que el nuevo ministro, Ernesto Paillalef, solicitó  – extraoficialmente claro está – que le señalaran quienes eran los empleados públicos radicales. El nuevo funcionario habría dicho que el motivo de la requisitoria era porque ahora «tendrían que trabajar el doble».   El episodio, contado por gente vinculada al ministerio que pidieron mantener  en reserva su identidad, revela que aún quedan resabios de una nefasta estrategia, que parecía  había cedido a formas más civilizadas de entendimiento entre autoridades y referentes de diferentes sectores o ideologías.

El gobierno provincial que se instaló a partir del 10 de diciembre pasado trajo consigo una serie de prácticas de persecución y maltrato de empleados públicos.

Basta recordar listas negras en la Secretaría General, desplazamientos en Gobierno, Canal 10  y la  secretaría de Seguridad, persecuciones en el Tribunal de Cuentas y maltrato en  la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, empresas públicas, la Legislatura y en la mayoría de los ámbitos estatales.   Como la Espada de Damocles, durante meses  pendió sobre la cabeza de más de 22 mil empleados la Ley de Disponibilidad, que luego el propio Poder Ejecutivo y los legisladores debieron derogar.

Cuando todo indicaba que podría haber cesado el clima de hostilidad, surgen nuevos hechos, por ahí no tan directos como al principio de la gestión, porque son más elaborados, pero igualmente repudiables.

A lo detectado en Desarrollo Social se suman traslados forzados en Turismo y un caso como el que se dio con una  empleada de Obras Públicas -con más de 20 años de antigüedad- a quien amenazaron con despido, lo que hizo reeditar viejas épocas de intolerancia.

Pero si hay un lugar donde esto se agudizó es la Legislatura, donde un grupo de cortesanos, afiebrados  por los sueldos de ganan en relación a los pocos estudios que poseen,  se han dado a la tarea no sólo de la delación de trabajadores, sino que peor aún, la utilización de la mentira y el engaño para generar sanciones a los «compañeros» no queridos .

Son hombres y mujeres del oficialismo, pero  que no responden a un sector político específico, algunos públicamente adhieren al gobernador, pero en la intimidad trabajan en su contra.

Patrullan las oficinas – dejando de lado las tareas por las cuales les pagan –   para ir  levantando  «elementos» que  puedan ser utilizados en sus falsas acusaciones, con las que llenan los oídos de las  autoridades.

Pero ahora, ya trascurrido varios meses con este gobierno,  el ciudadano percibe con mayor claridad  los vicios y los defectos de esta nueva administración, así como  sus aciertos y virtudes. No se entiende entonces a quien beneficia iniciar una nueva y renovada «caza de brujas».

Hacia el interior del gobierno algunos  referencian este «revival» a influencias del sorismo que ha retomado preeminencia sobre Weretilneck y que pretende «limpiar de radicales, vagos y ñoquis» a la administración, pero que aún no han caído en la cuenta  en que esta inquisición se les ha retornado en su contra ya que a 10 meses de gestión los errores, las falencias, la parsimonia administrativa, las trabas burocráticas, las marchas y contramarchas y la falta de gestión excede toda responsabilidad de los gobernantes anteriores y hoy son patrimonio del gobierno actual.

Demás esta decir que ya no sólo se persigue a radicales, ahora la tarea purificadora se traslado también al interior de la coalición gobernante.