La tentación de tener una Justicia propia ● ADN

Las declaraciones de funcionarios provinciales y dirigentes justicialistas cuestionando el accionar dela Justicia rionegrina, le hacen un flaco favor al sistema democrático, a la división de poderes, al Poder Ejecutivo en general y al gobernador Alberto Weretilneck en particular.

 

La tentación de contar con una justicia amiga e influir en las decisiones de jueces, camaristas y funcionarios judiciales está en la esencia misma de muchos políticos. El síndrome de la servilleta de Corach.

 

Basta recordar que cuando el extinto Carlos Soria le decía al pueblo rionegrino que era necesario modificar el requerimiento de radicación en Río Negro para la designación de magistrados judiciales, fue un secreto a toda voz conocer que tenía como objetivo convocar a dos jueces amigos de la capital federal para integrar el Superior Tribunal de Justicia. Es más ante un calificado interlocutor judicial a quien le contó su proyecto resumió la idea señalando que “la Justiciasoy yo”.

 

Aquellos ideas de campaña de una justicia independiente cayeron en saco roto y a poco de andar quedó al descubierto que las promesas y el discurso políticamente correcto, sólo tuvieron como intención lograr la adhesión de un electorado hastiado del gobierno de Miguel Saiz. El mismo electorado que ahora percibe que nada cambió y que todo quedó en una fugaz ilusión.

 

Las pruebas son elocuentes y sobran archivos periodísticos para demostrar las presiones al Poder Judicial. Podemos recordar declaraciones del vicegobernador Carlos Peralta y los legisladores Ana Piccinini y Pedro Pesatti, entre otros, expresando su desagrado sobre resoluciones judiciales.

 

Martín Soria dio permanentes muestras de avasallamiento del poder político sobre el judicial. Ha expresado públicamente en la prensa -con duros términos- su opinión sobre determinados jueces y el STJ en particular.

 

El jueves pasado el secretario Legal y Técnico, Nicolás Rochás, se apersonó en la oficina del juez Bustamante, minutos después de que la policía retiró documentación de la oficina dela Fiscalíade Investigaciones Administrativa, por una causa judicial contra Marcelo Ponzone. Pero más delicado aún es que este  juez también investiga la supuesta falsificación de firmas del ex gobernador Carlos Soria, donde el funcionario aparece como uno de los principales investigados.

 

Esta actitud de Rochás no es nueva. Armó una lista oficialista para competir desde el gobierno por la renovación de las autoridades del Colegio de Abogados de Viedma, impulsando a Danilo Vega como presidente. También junto a Vega, no pierde oportunidad de sugerir a consejeros del Colegio, ante el Consejo dela Magistratura, la necesidad de nombrar a la actual fiscal Daniela Zágari, esposa de Danilo Vega, como camarista penal de la capital rionegrina.

 

¿Estas operaciones están en conocimiento del gobernador?¿O hay independencia para funcionar con libertad individual o de sectores?

 

Todos son indicios de un sector, que se dice sorista, por coparla Cámara Penalde Viedma.

 

Los ejemplos sobre ingerencias de la política en el terreno judicial se reiteran.

 

Pedro Pesatti, presidente del bloque de legisladores del FpV, también fue crítico con el juez Guillermo Bustamante sobre una resolución judicial de la llamada “Causa PER”. Un fallo que el legislador parece que no leyó, porque sus cuestionamientos no tienen nada que ver con lo resuelto por el juez que,  al contrario de lo que piensa el titular del Bloque del FpV, podría  reactivar la causa.

 

Párrafo aparte merece el juicio a Susana Freydoz, condenada por la muerte de Carlos Soria. A la imprudencia de las declaraciones del ministro de Gobierno Luis Di Giácomo respondieron cabalmente las argumentaciones dela Fiscalde Cámara Laura Pérez y el fallo de la jueza de Cámara María García Balduini.

 

Los dichos de la camarista de General Roca fueron contundentes, con excelencia en la fundamentación jurídica y debieran hacer reflexionar a Martín Soria, cuando se refiere al accionar de la justicia y los fallos de los jueces, ya que puede volverse en contra.

 

Hay que dejar trabajar al Poder Judicial, posición que ha reiterado en más de una oportunidad el propio gobernador Alberto Weretilneck, pero que parecieran obviar sus funcionarios y dirigentes del oficialismo.

 

La intromisión de la política en la justicia genera injusticia para el ciudadano común que no tiene “padrinos”. Basta recordar el caso de Marta Bafiggi, en Viedma, condenada a prisión perpetua por la muerte de su esposo.

 

Un hecho para tener en cuenta: En el juicio oral por el asesinato de Soria, dos jueces permitieron que las declaraciones de los funcionarios familiares se realizaran ocultas al público y la prensa. Curiosamente  esos mismos  testimonios fueron cuestionados posteriormente, porque ocultaron datos y eran contradictorios, entorpeciendo el trabajo de los jueces.