“El Estado debe responder por sus crímenes con cualquier Gobierno”

Bariloche (ADN).- La multisectorial contra la represión policial y los familiares de los tres jóvenes asesinados en junio de 2010, volvieron a pronunciarse al cumplirse 28 meses del hecho que conmocionó Bariloche. Piden que el Estado responda “política y jurídicamente por todos y cada uno de los crímenes que el propio Estado de Río Negro cometió”.

El documento completo:

Desde hace 28 meses, cuando la policía provincial perpetró el ataque terrorista contra un sector de la población de Bariloche, sostenemos que el Estado de Río Negro debe responder política y jurídicamente por todos y cada uno de los crímenes que el propio Estado de RN cometió el 17 y 18 de junio de 2010.

Los tres poderes del Estado con su inacción o acción confusa cubren y encubren las responsabilidades criminales del ex gobernador Saiz, el ex ministro Larreguy, el ex secretario Cufré y toda la plana de la policía que desató la cacería humana más brutal de la que tengamos memoria en la región después de la que desató la última dictadura militar.

 

El argumento de la democracia republicana de división e independencia de los tres poderes del Estado se convierte, en la práctica política cotidiana ante nosotros, en la salida fácil y perezosa que mantiene intacto el pacto de silencio e impunidad. Jamás le pediríamos a un poder que se inmiscuya en lo del otro; alcanzaría con que tomaran medidas por verdad y justicia en la esfera institucional propia.

En once meses de gestión, el actual gobierno provincial jamás se pronunció sobre la naturaleza y los alcances del ataque terrorista, ni si tomó medidas internas tendientes a establecer su propia versión de los hechos, a menos que haya convalidado a libro cerrado la versión amañada que le dejó la pasada gestión de gobierno. Lo mismo vale para la presente Legislatura, especialmente cuando la preside un hombre que fue co-autor del proyecto de creación de una comisión investigadora de los hechos de junio, con posibilidades políticas hoy inmejorables respecto a cuando lo propusieron si hubiera voluntad política favorable.

Una estimación conservadora nos indica que solamente el día 17 de junio intervino en las calles del barrio El Alto un centenar de efectivos de la policía armados, de al menos 16 reparticiones diferentes con asiento en Bariloche: Unidad regional III, gabinete criminalístico, área judicial e investigaciones, división toxicomanía, brigada rural, Bora, Cuerpo de seguridad vial, Departamento escuela de suboficiales y agentes, Establecimiento de ejecución penal y encausados, Comisaría 2 Centro Cívico, Comisaría 27 barrio Melipal, Destacamento 156 Villa Arelauquen, Subcomisaría 55 Playa Serena, Comisaría 138 Llao Llao, Subcomisaría 69 Dina Huapi y Destacamento 2 de Abril. Independientemente de lo que diga y haga el poder judicial respecto a si puede y/o quiere probar hechos que pueden configurar delitos, el poder ejecutivo es quien controla y conoce los legajos profesionales de su personal.

¿Qué hizo respecto a todos y cada uno de los que intervinieron en el terreno y dando órdenes de distinto rango y jerarquía durante esas 48 horas?

Deducimos que el o los autores materiales de los disparos mortales continúan prestando servicios, conviviendo con los sobrevivientes de la masacre y sosteniendo impunemente la persecución física ilegal contra muchos jóvenes.

Durante el informe in voce del ex ministro de Gobierno Larreguy en la Legislatura, a pocos días de la masacre de El Alto, se exhibió una foto sobre la que todavía el Estado nos debe una explicación responsable y elemental.

Esta foto fue tomada al mediodía del jueves 17, en la esquina frente a la ex comisaría 28. A esa hora y en ese lugar comienza a documentarse el uso de munición de guerra prohibida contra la población civil desarmada; tres horas y media después balas policiales asesinan a Nino.

¿Quiénes eran esos efectivos? ¿dónde prestan servicio actualmente? ¿qué versión de los hechos en los que actuaron brindaron al propio gobierno en el marco de la investigación administrativa interna primero ante Saiz y ahora ante Weretilneck?

Lo mismo para otra fotografía, donde se observa cuando un efectivo carga munición de plomo (lo indica el color rojo del cartucho) en la zona donde hieren de muerte a Sergio Cárdenas. Los jefes pueden identificarlo. Esta misma fotografía con este mismo planteo lo hicimos en un documento público el 13 de junio pasado, sin que ninguna autoridad competente haya tenido nada que decirnos al respecto.

Estas fotos, como muchísimas otras, fueron publicadas por la prensa y circulan libremente por la web desde los mismos días del ataque. Las actuales autoridades provinciales, de los tres poderes del Estado, tuvieron 28 meses para analizarlas y tomar medidas ajustadas a sus responsabilidades institucionales.

Un legislador del bloque oficialista actual denunció públicamente que el gobierno saliente incorporó como agente de planta de la policía de RN a Mario Altuna, abogado de Víctor Cufré y otros policías imputados en la causa por los homicidios de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas. Jamás supimos si la actual gestión revisó este nombramiento tan peculiar que nos pone a los Familiares de las Víctimas de Junio, querellantes en esa causa, y a esta Multisectorial ante una duda política que sólo el Ejecutivo puede despejar: ¿Cuándo Altuna representa a Cufré y otros policías imputados por los homicidios, representa también la política de Estado en su condición de abogado de planta permanente de la policía de RN?

La coherencia represiva de aquellas 48 horas, así como el pacto de protección mutua posterior dan cuenta de la existencia de un caso testigo de prácticas de terrorismo de estado en democracia cuya impunidad no estamos dispuestos a aceptar de ninguna manera y por ninguna razón.

Ratificamos nuestro reclamo inclaudicable de juicio y castigo para todos y cada uno de los responsables materiales y políticos de las muertes de Nino y Sergio, y de todos y cada uno de los hechos criminales de esas 48 horas que en conjunto constituyeron prácticas de terrorismo de estado en democracia.

Por Verdad, Justicia y Memoria, Multisectorial contra la represión y la impunidad y familiares de las víctimas del 17 de junio de 2010