Presentan marco regulatorio para recuperación de empresas
Viedma.- Ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que para establecer un marco regulatorio para el proceso de recuperación de empresas y las condiciones para su consolidación, y declarar de interés social y utilidad pública a la empresa que inicie su proceso de recuperación.
En los fundamentos, Silvia Horne y María Gemignani (FpV) explican que después “de la explosión de diciembre de 2001, se multiplicaron los emprendimientos económicos de carácter popular y solidario, emergieron las asambleas populares barriales, los clubes de trueque y los movimientos de desocupados”.
Las legisladoras afirman que, en este marco, comenzó una nueva práctica social en Argentina: la recuperación de empresas por sus trabajadores.
Destacan que no se trataba de una recuperación en términos de la mera propiedad de los activos, sino de la empresa misma en tanto instrumento de organización del trabajo y la producción.
Estas iniciativas dieron lugar a la creación del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que comenzó el 22 de agosto de 2000 con la primera fábrica recuperada en la Argentina, la ex Gip-Metal SRL.
El 16 de diciembre de 2000, se creó la Cooperativa de Trabajo Unión y Fuerza Lda. y se llevó adelante la primera expropiación de una planta fabril.
Horne y Gemignani señalan que en Río Negro también existen antecedentes, entre ellos, la Cooperativa Los Manzanares: Galpón de empaque y frigorífico recuperado en Contralmirante Cordero; la Cooperativa de Trabajo 1° de Mayo, aserradero recuperado en General Roca; y la Cooperativa de Trabajo SINMAR, de J.J. Gómez, ex FRICADER.
Indican además que la iniciativa de recuperación de empresas se extendió por todo el país, en paralelo con las políticas impulsadas desde el gobierno nacional y sus diferentes líneas de financiamiento.
En este sentido, expresan que la nueva realidad demanda políticas públicas y legislación pertinente para establecer un marco legal a las nuevas empresas recuperadas para avanzar y profundizar el proceso económico popular.
En líneas generales, la iniciativa busca dotar a estas empresas de un marco legal adecuado para incentivar y fortalecer su promoción, consolidación y desarrollo; asegurar la preservación de la fuente laboral; contribuir al mantenimiento e incremento de estructuras productivas y de fuentes de trabajo; evitar mecanismos de simulación o fraude laboral, garantizar un coherente y efectivo apoyo del Estado; e incrementar nuevas relaciones sociales y de producción con participación activa en las decisiones y dirección de la empresa por los trabajadores.
PODER LEGISLATIVO