Insisten que Ley de disponibilidad es un elemento de “presión y disciplinamiento”

Viedma.- El Presidente del Bloque de la Concertación, Bautista Mendioroz se refirió a la acción de inconstitucionalidad que contra la ley de disponibilidad de agentes públicos Nº 4.735, presentara el 16 de febrero del corriente año ante el Superior Tribunal de Justicia, ampliada a las disposiciones del Decreto Nº 291/2012 que la puso en vigencia.

Sostuvo que en tanto el Poder Judicial no se expida sobre una ley que es groseramente inconstitucional como ya lo señalara, se siguen produciendo abusos en diversos organismos. Informó que a casi 6 meses de su presentación, aún no sabe si le reconocerán o no legitimación para reclamar dicha inconstitucionalidad, ya que la Fiscalía de Estado y el Ministerio Público desconocen que se encuentren afectados derechos de su función legislativa que pueda reclamar, en franca contradicción con precedentes de reconocimiento de dicho derecho a otros legisladores, como Horne, o Peralta y Soria, en su momento.

Al respecto, insistió Mendioroz en que “más allá de los anuncios, de las fotos, o los mensajes tranquilizadores hacia los empleados públicos, la ley sigue vigente, sus desproporcionadas disposiciones resultan aplicables, y por lo tanto la ley de disponibilidad aún se utiliza como elemento de presión y disciplinamiento de los empleados públicos”.

Detalló “el solo riesgo de ser colocado en las listas negras de personal en disponibilidad y a los tres meses ser despedido con la promesa de una incierta indemnización, condiciona y somete al agente público, que se ve imposibilitado así de reclamar por sus derechos, o por como lo tratan los noveles -y en algún caso autoritarios- funcionarios, o cuando se lo maltrata afectándolo en su dignidad al reasignarle funciones distintas a las realizadas históricamente por dichos agentes, sin respetar su trayectoria, su capacitación, al exigirle o imponerle traslados o transferencias de organismos, “que consiga trabajo en otro organismo”, como han escuchado lamentablemente muchos servidores públicos, lo que lleva la discrecionalidad en la asignación de funciones al límite de lo tolerable, porque como ya hemos visto y denunciado, se examinan incluso filiaciones políticas de los mismos, circularizando listados con dichos datos”.

“Mientras se mantenga habilitado un mecanismo tan perverso, aún cuando existen esfuerzos discursivos en diluir sus efectos, se permite que continúen este tipo de amenazas a los empelados públicos, se facilita que se los presione para que acepten decisiones realmente ilegales, que continúen los aprietes, los traslados, la inseguridad incluso familiar de los mismos” manifestó Mendioroz.

“Espero entonces que, habiéndose constituido ya hace meses el nuevo Superior Tribunal de Justicia, el mismo esté a la altura de las circunstancias, y que se materialice en nuestro caso el principio de Justicia, mediante la declaración de inconstitucionalidad de la ley de disponibilidad, poniendo en valor nuevamente el constitucionalmente asignado derecho a la estabilidad” finalizó el presidente del bloque de la Concertación.

 

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