House Vial: posturas encontradas por los servicios y movilización

Roca (ADN).- Los dos grupos que concentran a las familias damnificadas por la sobreventa de viviendas del plan de 167 unidades que efectuó la cooperativa House Vial en General Roca, continúan en posiciones encontradas. Mientras las familias que ocupan las viviendas pertenecientes al IPPV desde hace 60 días, presentaron un amparo para acceder a los servicios básicos, otro grupo de damnificados se movilizará hoy a la Tribunales para manifestarse en contra de esa posibilidad e insistir en el desalojo.

Hace unos 10 días las familias que ocupan las 87 viviendas construidas y que se encuentran procesados por usurpación presentaron a través de los abogados Oscar Pineda y Pablo Iribarren, un recurso de amparo ante el Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 9 a cargo del magistrado José Luis Rodríguez para que se ordene a las empresas Camuzzi y Edersa, al municipio roquense y al IPPV que procedan a habilitar la conexión de los servicios básicos.

En tanto, la asamblea de damnificados que rechaza y no participa de la ocupación de las viviendas del plan, se presentó ante el mismo Juzgado Civil, con el patrocinio de la abogada Celia Delgado, para solicitar en calidad de terceros involucrados que no se habilite la conexión de los servicios, ya que consideraron significaría un aval de la Justicia para una «ocupación ilegítima e ilegal» y remarcando que la Fiscalía de Estado de Río Negro también manifestó su rechazo a esa acción.

Justamente, para manifestar su oposición al objeto del al amparo presentado por los ocupantes, los damnificados se movilizarán hoy a las 11.30 hasta el palacio de Tribunales roquense, donde también exigirán se agilicen las causas penales en curso, en el marco de las cuales hace semanas solicitaron constituirse como querellantes y que se proceda al desalojo de las familias que ocupan las unidades construidas.

El amparo de los ocupantes busca que «se ordene a Edersa, Camuzzi Gas del Sur, la Municipalidad de General Roca y al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la provincia de Río Negro que provean del suministro de electricidad y gas a las viviendas que ocupamos en el Plan 87 viviendas de General. Roca».

«La negativa a prestar los servicios básicos por parte de los organismos privados con la complicidad del Estado produce una afectación inminente al derecho a la salud, y al derecho a la vida de sus habitantes. A su vez, existe una afectación concreta al derecho a la vivienda, al derecho de los usuarios y consumidores a recibir un trato digno y equitativo, al principio de igualdad y no discriminación y al principio al libre desarrollo de la persona, todos ellos receptados en diversos tratados internacionales y normas constitucionales, y que el Gobierno de Río Negro tiene el deber de garantizar», argumentaron. (ADN)

 

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