La sociedad rionegrina: ¿Desinformada, distraída o hipócrita? ● Oscar A. Carballo
Con tremendo dolor, por ser un eterno agradecido a esta sociedad rionegrina que tanto me dio a mí, a mi grupo familiar y también a mis afectos, debo plantearme esta disyuntiva en materia de posibilidades de calificar el estado de la misma, en virtud de los acontecimientos evidentes que nos presenta la realidad política actual y, la consecuente actitud, cuanto menos bipolar, de la mayoría de sus integrantes.
Por supuesto, que el análisis que efectuaré está referido concretamente a la respuesta que la sociedad da a una escalofriante situación política provincial. Según sea el lugar en el cual esta sociedad deba expedirse, el entorno social que la esté receptando y, complementariamente, los intereses personales que estén en juego en relación al objeto a juzgar; dicha sociedad puede tener al menos dos o tres opiniones absolutamente diferenciadas y contrapuestas.
Sólo me referiré a las expresiones de la sociedad que conozco, por compartirlas a diario desde toda mi vida y, consecuentemente, referidas fundamentalmente a la ciudad en la que vivo y, complementariamente, a esta hermosísima región del Alto Valle; aunque intuyo que igual situación se registra de los andes al mar.
La expresión de mi opinión estará desarrollada en, por lo menos, cuatro capítulos. Esta secuencia obedecerá a la característica particular de los íconos seleccionados para destacar sus conductas y, complementariamente, las diferentes actitudes evaluativas que la sociedad lleva adelante en cada uno de los marcos referenciales en los que deba expedirse sobre las mismas.
El primer capítulo, tal vez por ser el de valoración más generalizada debido al grado de impunidad con el que se lleva adelante, estará referido al funcionario provincial que quizás esté generando (cuanto menos en igual intensidad que un par más de los devenidos mágicamente en políticos de fuste), el mayor grado de repudio, como consecuencia de sus sobrenaturales condiciones para el ejercicio de las acciones de dudosa legitimidad, la cuanto menos aparente discapacidad intelectual y la perceptible inoperancia en materia de gestión y vocación al trabajo que surgen de su propio accionar.
Se trata, ni más ni menos, que de quien ostenta, a la fecha, el cargo de Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Para ser objetivo y generoso el más descaradamente denunciante y perseguidor de todos y cada uno, de los que ni por asomo, serían capaces de llevar adelante las acciones nefastas y vinculadas a conductas rayanas en la corrupción, con las que él convive a diario.
Baste para ejemplificar esto la sola mención de que allá por el año 2003 no le tembló el pulso al iniciar una demanda penal, absolutamente sin fundamento ni sentido, contra uno de sus mejores amigos de la etapa de estudiante universitario. Más concretamente con uno de los que compartía la vivienda estudiantil con él por esos tiempos. Para ratificar esta actitud solo posible de imaginarse en las malas personas, sin extenderme demasiado, diré solamente que esta acción la inició sin ni siquiera advertir a “su amigo” que la llevaría adelante por la razón que fuera, aunque sea mediante una simple llamada telefónica que lo advirtiera, si es que no se animaba a hacerlo personalmente.
Juan José Huentelaf y asociados.
El orden de los capítulos que abordaré no responde a una rigidez técnica profunda que entiendo no aportaría nada adicional a la evaluación, pero sí exterioriza, cuanto menos, que los tres primeros íconos de los cuales me voy a ocupar en sendos capítulos, son indudablemente los que más que merecidamente se han ganado el lugar que ostentan
en el podio de la inoperancia, la cercanía con acciones vinculadas a la corrupción y el manifiesto y permanente desprecio por la sociedad a la que dicen representar.
Comenzaré la exposición de las razones que me llevan a concluir, como lo haré al cierre de la presente, enumerando sintéticamente hechos, actos, acciones o inacciones llevadas a cabo por el personaje referido, y que sobradamente ameritarían la automarginación de los espacios públicos que ostenta y/o frecuenta, si tuviera un mínimo de dignidad personal y algún aprecio por quienes lo rodean.
De no ser este el escenario, por carencia total y absoluta de autocrítica, la marginación debería generarse, como mínimo, a partir de la sugerencia o imposición por parte de sus amigos (si es que los tiene) o, por acciones condicionantes de la sociedad que lo sufre, a partir de la generación de un vacío permanente y creciente que lo haga sentir como un cuerpo extraño en una sociedad razonablemente normal. No me refiero para esa tarea a sus familiares, por ser de público que se constituyen a la fecha en, por lo menos, herramientas operativas para llevar adelante sus objetivos. Esto se puede intuír rápidamente con solo observar sus designaciones en cargos públicos vinculados al funcionario analizado.
Dichos actos sintéticamente expuestos serían, entre otros:
a) Ocupación de espacios de poder en el gobierno provincial para los cuales, ni el ni sus familiares, amigos, conocidos y etcétera; por él designados o promovidos, reúnen la más mínima condición de idoneidad moral, técnica o profesional.
b) Utilización absolutamente indebida de los recursos del Estado provincial en beneficio personal, tal cual lo han exteriorizado a la fecha la casi totalidad de los medios de prensa. (v.gr. Utilización de un inmueble de propiedad de una empresa del estado, sin que corresponda dicho uso a su función y/o lugar de trabajo actual y, además, no lo requiera dado que poco y nada asiste a la ciudad sede de sus funciones. Contratación de una habitación en el hotel más lujoso de la capital provincial, al sólo efecto de gozar las prestaciones complementarias (v.gr. desayuno), ya que no pernocta en la misma la mayoría de los días, por no encontrarse en la ciudad y tampoco cuando se encuentra en ella, no se sabe bien por cual razón. Utilización de un vehículo oficial, sin identificación, para poder acceder indebidamente a compensaciones económicas que no corresponden de acuerdo a normas vigentes. Percepción de compensación de gastos y viáticos por fuera de las normas y cuando concurre a lugares habituales de residencia y alrededores. Fijación de niveles de remuneración absolutamente excesivos y sin apego a las normas vigentes, al punto tal que genera la necesidad de establecimiento de normas limitantes al respecto por parte de los poderes legislativo y ejecutivo provincial. Generación de excepciones a normas dictadas por el ejecutivo provincial en situación de emergencia (no percepción de SAC por parte de los funcionarios superiores) al solo efecto de no disminuir su peculio personal y el de sus protegidos; etc., etc., etc..
c) Violación sistemática e irrefutable de las normas legales que tiene por función primordial proteger, permitiendo la designación como director de una emblemática empresa del Estado provincial, nada más ni nada menos que de su señora esposa. Genera de este modo una de las máximas expresiones de incompatibilidad, no sólo moral, sino legal, cualquiera sea el perfil con que se mire. Ello, indudablemente, por ser el órgano que él preside, el responsable del control externo de legalidad de la operatoria del directorio que su esposa integra, entre otras funciones básicas vinculadas a la empresa en cuestión.
d) Podría enumerar infinitas situaciones similares a las mencionadas en los incisos precedentes, pero creo que ello es innecesario y sólo contribuiría al cansancio de los lectores de buena fe y, además, serían inconducentes ya que la sola magnitud del ejercicio de la impunidad generado en las acciones puntuales destacadas, hace innecesaria una mayor acumulación de hechos de sospechosa cercanía con actos de corrupción, ilegalidad, desprecio por las normas y las personas para tipificar el estado de situación de este nefasto personaje social y la consecuente valoración que la sociedad rionegrina hace de ello.
¿Tiene conciencia la sociedad del costo permanente que generan estas acciones llevadas adelante por esta asociación al servicio de sus integrantes? Puede ser que no, pero también es indudable que cuando lo sepa se dará cuenta de que es sorprendente y no menor.
Es, por supuesto, indignante observar el grado de impunidad con que se mueven en el ámbito local el supuesto contralor y sus asociados; pero debemos coincidir en que la responsabilidad de que ello ocurra no es de su absoluta generación sino, casi en igualdad de condiciones, generada también por la sociedad que los contiene.
Digo esto en virtud de algo que los poseedores de más canas, que sean relativamente memoriosos, convalidarán en lo inmediato si traigo a la memoria los hechos acaecidos, negativamente, en la por entonces Bolsa de Comercio de Río Negro, que lo tuvo como protagonista de dirección en los actos que concluyeron como una de las mayores frustraciones y pérdidas de herramientas generadoras de desarrollo que soportó la provincia y, por supuesto, General Roca en particular.
La actitud social valorativa de esta situación, a mi criterio inexplicable, creo que obedece cuanto menos a alguna de las tres condiciones que al título expongo como posibles características de este conformado social.
a) Una alternativa podría ser que la sociedad que está valorando a este ícono de la inoperancia y la por lo menos cuasi corrupción, tenga desconocimiento absoluto de las acciones comentadas previamente como ejecutadas por el funcionario y su entorno, entre otras. Esta alternativa ya no me parece vigente dada la gran difusión que los medios de comunicación pública han dado puntualmente al caso en estos últimos siete meses.
b) Una segunda posibilidad es que, esa misma sociedad, no se sienta afectada por las acciones de este ejemplo natural de lo que no se debe hacer, en ningún ámbito de la vida, y, por lo tanto, permanezca distraída respecto de las consecuencias que la participación activa, de estos pseudos funcionarios públicos, le traerán a la sociedad en su conjunto. Tampoco creo que esta alternativa esté vigente, ya que esas consecuencias llegan inexorablemente a todos y cada uno de los integrantes de esta sociedad, afectándolos más tarde o más temprano y, complementariamente, porque varios miembros de esta sociedad me consta que ya se han expedido privada o semipúblicamente y en términos muy duros en este sentido, aunque ello no alcance para crear opinión mayoritaria o generalizada sobre el particular.
c) Por último y lamentablemente, esta sociedad puede tener esta actitud respecto de los que ejercen la inoperancia, el desprecio por todo lo vinculado a terceros y la cuasi corrupción como actos naturales de vida, como consecuencia exclusiva de su condición de hipócrita. Digo esto, aunque me duela, porque de lo contrario no puedo imaginarme como posible que, estos nefastos supuestos representantes de algo o de alguien, sigan transitando suelos comunes a los nuestros sin sentir, muy fuertemente y de modo permanente, el desprecio que debiera tenerles esta dignísima sociedad rionegrina en su conjunto.
Por más que juren y perjuren en el sentido de actuar en sus vidas como personas de bien y en virtud de proyectos destinados al bien común, nada ni nadie les podrá creer que hacen lo que hacen por otra razón que no sea el enriquecimiento personal, fundado a partir de la incapacidad natural que poseen para generar cualquier otro tipo de acciones destinadas al bien común, por insignificantes que estas sean. Mucho menos, si la crítica a este tipo de acciones ejercidas por parte de anteriores gobiernos provinciales, de otro signo político, se constituyó, como es el caso, por parte de los hoy funcionarios, en blanco predilecto de lo que manifestaban permanentemente que se terminaría con la llegada de ellos al gobierno y se instaló, en esta misma sociedad, hoy por mi valorada, como eje de campaña política tendiente a terminar con un proceso, también nefasto en esta materia ocurrido en la última década.
Serán los responsables de las más altas esferas del gobierno (poderes ejecutivo, legislativo y judicial) los únicos que puedan revertir estas situaciones (aunque ello no aparece como muy probable en materia de ocurrencia), habida cuenta del grado de conocimiento que tienen a la fecha estas instancias sobre el particular y la actitud pasiva asumida respecto de su posible solución. Más bien, recuerdo actitudes generadas en algunos de tales poderes, en estos últimos siete meses, tendientes a justificar lo injustificable de todas y cada una de las acciones perversas llevadas a cabo por este ícono de la vergüenza colectiva.
La Provincia mejorará su situación actual solo cuando logre un voto de confianza por parte de sus habitantes respecto del gobierno provincial en su integralidad. Lamento no poder decir que esto puede estar cerca de ser alcanzado.-
¿Será Justicia ?
C.P.N. Oscar A. CARBALLO
D.N.I. N* 8.213.435