Gobierno nacional exige que todas las provincias recorten gastos

Capital Federal.- El freno de la economía, la inflación y la caída de la recaudación fiscal obligaron al gobierno de Cristina Kirchner a replantear su relación con las provincias. La Presidenta les exigirá de aquí en más a todos los gobernadores un «plan de emergencia» fiscal: recortar gastos y generar nuevos ingresos propios, como aumentos de impuestos o emisión de deudas locales.

La Casa Rosada prevé que en el segundo semestre se profundizará en forma brusca la actual caída de la coparticipación federal a las provincias, lo que pondría en peligro el pago de sueldos en pocos meses. Un panorama similar al que ya acorrala a Daniel Scioli a partir de su decisión de fraccionar el pago de aguinaldos. «No hay plata. Todas las provincias están en rojo», coincidieron ante La Nación ministros y altos funcionarios.

Otra medida que estudia el Gobierno para cubrir el déficit fiscal es la colocación de nueva deuda pública en el mercado financiero local e internacional. Pero la Presidenta siempre fue reacia a adoptar esa decisión política. Hoy se conseguirían tasas no menores de 13% que no está dispuesta a pagar.

Cristina Kirchner levantó siempre la bandera de su política de «desendeudamiento». Pero la crisis mundial le daría la excusa perfecta para tomar los consejos de su ministro de Economía, Hernán Lorenzino. «Hay pocas salidas», dicen en Balcarce 50. Necesitaría entre 5 y 10.000 millones de dólares para cubrir el año.

También se analiza en las filas del Gobierno una devaluación gradual y colocar el dólar de 4,50 a 5,10 pesos a fin de este año, más cerca de los 6 pesos del tipo de cambio paralelo. Pero esa alternativa fue desmentida ayer por la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont.

El «Plan A» es tercerizar el ajuste en las provincias. El pedido de la Presidenta no será publico, sino discreto, a cada gobernador. El primer caso empírico es la ley de emergencia que Scioli enviará el martes próximo a la Legislatura provincial.

«Se les pedirá un plan de emergencia a todos. Si no lo hacen, no podrán pagar los sueldos en tres meses», dijo a La Mación una alta fuente oficial. Ni los gobernadores más leales al Gobierno obtuvieron recursos que pidieron a la Nación. El mendocino Francisco «Paco» Pérez, por caso, solicitó hace días 400 millones de pesos: le prometieron 200 millones del Banco Nación, pero nunca se los giraron. Su situación es preocupante.

Su par de Chaco, Jorge Capitanich, ultrakirchnerista, reclamó 70 millones para sueldos. No se los dieron.

El riojano, Luis Beder Herrera, y el neuquino, Jorge Sapag, se reunieron la noche del jueves pasado con Cristina Kirchner en la Casa Rosada. Pero se volvieron a su tierra con las manos vacías. Otras provincias comprometidas son Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Formosa, Corrientes, Misiones, La Pampa, Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro y Chubut.

Según el último estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadín Argañaraz, la coparticipación total entre enero y mayo de 2012 creció 21,7% respecto del mismo período de 2011, menos que la inflación. En 2011 había crecido por encima del 35% respecto de 2010.

«El ala dura del Gobierno quiere extorsionar a los gobernadores para disciplinarlos hasta 2013. Scioli fue leading case «, dijo una fuente oficial. Esa «ala dura» está compuesta por Carlos Zannini, Nilda Garré, Carlos Kunkel, Juan Manuel Abal Medina y Gabriel Mariotto.

Scioli había pedido 2800 millones para pagar los aguinaldos en término. En el camino, confesó sus aspiraciones presidenciales para 2015. Al final, el gobierno nacional sólo le envió 1000 millones de pesos y Scioli debiera fraccionar el pago del aguinaldo en cuatro cuotas. «No hay plata, pero, además, se lo vistió como castigo político», dijo a LA NACION un operador del Gobierno. «Todos tendrán que recortar gastos. Los amigos y los no amigos», agregó.

Scioli necesitará entre 7000 y 9000 millones de pesos para terminar 2012 y pagar los sueldos. Desde la Nación le aseguraron que no podrían cubrir más de 2000 millones por la caída de los ingresos. Por eso el gobernador bonaerense reduciría gastos y buscaría ingresos con la liquidación de activos del Banco Provincia, los bonos Bogar: que le aportarían entre 3000 y 6000 millones de pesos.

En los más altos despachos de Balcarce 50 no ocultan en la intimidad, a esta altura, el irreversible déficit fiscal nacional. Preocupa la elevada emisión monetaria. «Néstor Kirchner defendía la emisión para estimular la demanda y la actividad. Pero ahora emitimos para cubrir déficit. Más emisión haría disparar la inflación», dijo un ministro. Como agravante, algunos economistas privados sostienen que la caída de la actividad económica ya configuraría técnicamente una recesión.

¿Cómo cubrir el déficit entonces? Nadie sabe hasta cuándo alcanzarán los recursos del Banco Central y de la Anses. «No alcanza con ellos para cubrir el bache fiscal y menos la coparticipación federal a las provincias», dijo ayer un vocero gubernamental.

La mejor salida entonces es la tercerización del ajuste en las provincias. Los gobernadores deberían pagar el costo político y no la Presidenta. De hecho, pese a los anuncios de 2011, interrumpió el recorte de los subsidios en energía y transporte, que en 2012 llegarían a 100.000 millones de pesos. La culpa así sería de la «mala gestión» de las provincias y quedaría a salvo «el modelo», cuyo gasto crece al 35% anual y sus ingresos al 20%, cinco puntos menos que la inflación. Allí se originó el déficit.

Marcó del Pont: «No habrá devaluación»

La presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, aseguró ayer que el país cuenta con dólares suficientes y que no habrá una «devaluación del peso», al defender las restricciones impuestas a la compra de moneda extranjera. «No habrá una devaluación porque no hay condiciones estructurales para ello», dijo la funcionaria. Rechazó que se esté pensando en recurrir al endeudamiento a corto plazo, porque «el desendeudamiento es política de Estado», y afirmó que «el país tiene dólares suficientes para garantizar el funcionamiento de la economía, pero no para cubrir el desplazamiento del ahorro hacia la moneda extranjera».

 

LA NACIÓN