Ex titular del Tribunal de Cuentas habla sobre los adicionales en el organismo y otros temas

Viedma (ADN).-  El tema del aumento de sueldos encubierto  que se han fijado los miembros del Tribunal de Cuentas y el fiscal  de investigaciones,  usando una  argumentación falaz y contrariando la Constitución y las leyes vigentes,  ha adquirido ribetes escandalosos, por eso ADN entrevistó al  ex presidente del organismo, Pedro Casariego, quien  da su visión sobre este polémico tema.

¿Qué opinión le merece la creación de este adicional?

Bueno, desde el punto de vista jurídico el Tribunal es un organismo de la Constitución, que si bien está en la órbita legislativa, tiene autonomía funcional. Esto significa que entre otras atribuciones le cabe la de fijar la cuestión salarial. Claro que tiene la limitante en el caso de los vocales, de las remuneraciones de los legisladores, como así también la Ley 838 para el personal.

¿Usted participó de la resolución en cuestión?

Sí, yo la firmé. El ex gobernador Soria me había solicitado que facilitáramos la transición de autoridades y así lo hice. Me pidieron que firmara la resolución y la suscribí, a pesar de que a mí me suprimían el pago de 42 años de antigüedad e implicaba una baja sustancial en mi sueldo. No obstante le aclaro que no participé en su elaboración. Fue la nueva vocal (Erika  Acosta)  la que trabajó sobre la cuestión.

Pero ustedes también hicieron modificaciones en el salario…

Por supuesto que nosotros creamos adicionales para el personal jerárquico del organismo, incluso los vocales. Estábamos jurídicamente habilitados para ello. Siempre fue el mismo adicional, que con el objeto de actualizar su determinación o tipificación cambió de nombre. Siempre fue uno solo. En realidad este adicional o como se lo llame provenía desde la Contraloría General de la Provincia, cuando se abonaba el valor locativo. No es más que buscar la equivalencia  remunerativa con el legislador conforme la Ley 2747 art. 3° Era similar al gasto reservado.

Hay un cuestionamiento ético en este asunto, que incluso ha motivado que intervenga el mismo Gobernador.

Yo no voy a hacer juicio de valor sobre esta cuestión por haberme alejado recientemente del organismo, no me corresponde. Estas cuestiones corresponden a los políticos y periodistas. No quiero ni debo opinar sobre mis reemplazantes inmediatos, no corresponde. Ya estoy en otra cosa.

 

¿A qué se dedica en la actualidad? 

He reiniciado la profesión de abogado liberal gracias a la tolerancia y el cariño de mis hijos que me hicieron un espacio en su estudio. La verdad es que estoy muy feliz y entusiasmado. Estoy  aliviado de presiones. Hay mucho trabajo pero es de otra especie. Volver al llano es muy bueno. Otra vez los pies en la tierra.

Cómo abogado, ¿qué opinión le merece una eventual ampliación de los miembros del STJ?

Estoy de acuerdo. La gente se ha acostumbrado a recurrir a la justicia con mayor asiduidad para resolver los conflictos particulares, sectoriales y sociales. Esto conlleva que sea necesario y positivo que el máximo  tribunal provincial intervenga en las decisiones de los jueces de grado, revisando sus sentencias. La justicia debe ser concebida como un verdadero servicio a la comunidad, se trata también de una contención social indispensable de estos tiempos.

¿Cuál es su postura respecto de eliminar el requisito de la residencia para ser juez, mediante una enmienda constitucional?

El tema es muy complejo y no tan simple como se lo ha planteado hasta ahora. Yo tengo posición tomada al respecto y he escrito sobre la cuestión. Personalmente me opongo en forma absoluta. Me parece como primera cuestión que es una medida que agrede la carrera judicial y la perjudica.

Además hay que considerar que en nuestro territorio hay dos universidades nacionales que dictan carreras de abogacía, otras tantas privadas, y que hay gran cantidad de jóvenes rionegrinos que estudian derecho en La Plata, Buenos Aires, Córdoba, etc. Esto es desalentarlos. Pero lo más importante de la obligación de la residencia previa, radica en el conocimiento sobre el postulante para juez, su compromiso social, su comportamiento, su familia, su moral y ética, su actividad solidaria, que sólo se verifican con el arraigo a su pueblo y a la provincia. Caso contrario se llenará de jueces con antecedentes voluminosos de alrededor de 50 años que vendrán durante la semana de Bahía Blanca, Neuquén, La Pampa o Córdoba, que sábado y domingo viajarán a sus verdaderos domicilios y a los 60 años se jubilarán con el 82%  del sueldo y chau. Se arriesga o pone en juego el compromiso que deben tener con la sociedad en la que trabajan. Me extraña que los colegios de magistrados y abogados se hayan expresado tan tibiamente, si es que lo han hecho.

¿Qué solución habrá ante las críticas de que no hay buenos postulantes?

Hay que revertir el concepto de funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Hasta ahora solamente se trata de elegir respecto de una lista que le alcanzan. Incluso hasta con una evidente politización. Creo que hay que llevar adelante una tarea dedicada a alentar a los mejores abogados, que los hay muchos, a incorporarse a la carrera judicial. Observar a los profesionales más trabajadores y honestos, buscarlos, entusiasmarlos y comprometerlos.

¿Con las incorporaciones de los nuevos miembros del STJ esto puede ser así?

Creo que sí. He recibido muy buenas referencias de ambos aunque casi no los conozco   personalmente. Con el Dr Mansilla nos hemos cruzado muy poco tiempo en Viedma y hace mucho tiempo. Ellos no provienen de la corporación judicial, tienen necesariamente otra visión. No es que la llamada corporación sea mala, todo lo contrario, respeto profundamente la carrera y considero a la mayoría de los magistrados probos y capaces, pero para la conducción del poder me parece que hay que venir de otros ámbitos.

¿Cómo observa el funcionamiento de la Justicia en la actualidad?

Por el momento no hay que innovar en cuestiones nuevas, creo que hay que consolidar lo que está y avanzar en el proyecto de procedimiento penal que tiene bastante aceptación.

Hay que completar  urgentemente las vacantes que existen, porque en este sentido la justicia está en crisis, perjudica la fluidez del servicio y el ejercicio de la profesión.